El Gobierno de la Ciudad dictó un reglamento escolar que prohíbe cualquier conducta "que, de manera intencionada, pueda influir, confundir y/o afectar a los menores".
Gremios docentes acusan "censura, persecución y silenciamiento".
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires prohibió a los profesores del distrito expresar en las aulas opiniones sobre "religión, sexualidad, género, etnia y política partidaria" durante el ciclo escolar que comienza este mes.
El Reglamento Escolar 2025 de la capital argentina establece que los docentes tienen prohibido "expresar, durante el desarrollo de las clases, opiniones o adoptar conductas de manera intencionada que pudieran influir, confundir y/o afectar a los menores en temas relacionados con religión, sexualidad, género, etnia, política partidaria u otros de similar relevancia".
Además, indica que si estos temas surgen por iniciativa de los estudiantes, los docentes deben informar al equipo de conducción escolar, para que intervengan los "equipos especializados".
La difusión del nuevo reglamento motivó una denuncia de Vanina Biasi, diputada nacional del PO-FITU (Partido Obrero y Frente de Izquierda y de Trabajadores-Unidad), quien repudió la normativa con un discurso en la Cámara Baja.
"Este reglamento condiciona la actividad educativa y es un instrumento de persecución", dijo después Biasi a la agencia de noticias EFE, y anunció que su grupo político presentará un proyecto para que la normativa sea derogada.
La denuncia de la diputada fue replicada por la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), uno de los mayores sindicatos de docentes del país, que acusó un intento de "censurar la libre expresión, favorecer prácticas que promueven la persecución de los docentes e instalar el silenciamiento de las inquietudes y necesidades de los estudiantes".
"El Ministerio no lo comunicó hasta que volvimos a las escuelas", dijo a EFE Vanesa Gagliardi, secretaria de Acción Social de la organización docente Ademys, que programó para la semana que viene una asamblea en la que se discutirá el tema.
"Este cambio se hace a espaldas de la comunidad educativa, que somos quienes hacemos las escuelas, sin abrir ningún proceso democrático", agregó Gagliardi.
Consultada por EFE, la formadora de docentes Sabrina Flax denunció que la exigencia a los docentes de alertar sobre expresiones de los alumnos "es persecución lisa y llana" y remarcó que los "equipos especializados" que, según el nuevo reglamento, intervendrían en tales situaciones, no existen.
El debate se enmarca en un contexto de tensión por la política educativa del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que el mes pasado pausó el acceso a los contenidos sobre derechos de género y diversidad contemplados por la Ley de Educación Sexual Integral (ESI) y realizó una "revisión neutral" de los mismos, sin precisar quiénes llevarían adelante la evaluación.
