La iniciativa pretendía aumentar en un 7,2% las jubilaciones de forma "excepcional y de emergencia".
Según el Gobierno, atentaba contra el objetivo del equilibrio en las cuentas públicas.
El presidente de Argentina, Javier Milei, logró este miércoles, gracias al apoyo de un sector de la oposición, imponer su veto a la ley que ordenaba un aumento "excepcional y de emergencia" en las paupérrimas pensiones que cobran los jubilados.
Los sectores de oposición que promovían el rechazo al veto presidencial no lograron reunir los dos tercios de los votos necesarios en una sesión en el pleno de la Cámara de Diputados celebrada este miércoles, por lo que la decisión del jefe de Estado quedó en firme.
El oficialismo, minoritario en el Parlamento argentino, consiguió sostener el veto presidencial gracias al apoyo de legisladores del partido de centroderecha Propuesta Republicana (Pro), que lidera el expresidente Mauricio Macri (2015-2019), y de otros bloques minoritarios aliados al Gobierno.
Al someter este miércoles nuevamente la ley a votación, la norma de aumento en las pensiones consiguió en la Cámara Baja 160 votos a favor -por debajo de los dos tercio requeridos-, 83 en contra y seis abstenciones.
El debate en la Cámara de Diputados fue seguido a las puertas del Parlamento por jubilados que cada miércoles se manifiestan en reclamo de mejores condiciones de vida.
La norma había sido aprobada por el Congreso el pasado 10 de julio y establecía un incremento del 7,2% para las jubilaciones.
También disponía que el bono de refuerzo a las pensiones congelado desde hace más de un año pasara a ser de 110.000 pesos argentinos (82.000 pesos chilenos).
La ley fue vetada por Milei mediante un decreto firmado el 2 de agosto bajo el argumento de que su aplicación conspiraba contra el objetivo del equilibrio en las cuentas públicas, las cuales lograron en los primeros siete meses del año un superávit primario equivalente al 1,1% del PIB.
Según cálculos de la Oficina de Presupuesto del Congreso, el alza en las jubilaciones hubiera tenido un coste fiscal anualizado equivalente al 0,41% del PIB, y la actualización del bono, un coste del 0,38%.
En Argentina hay 7,4 millones de jubilados, que representan el 15,7% de la población total del país.
El 63,5% de los retirados cobra la jubilación mínima, que en este mes de agosto ha sido de 314.300 pesos argentinos (233.000 pesos chilenos), un ingreso que llegó a los 384.300 pesos argentinos (285.000 pesos chilenos) por el bono de refuerzo que la seguridad social otorga desde septiembre de 2022 por la situación de emergencia económica que vive el país y cuyo valor está congelado desde marzo de 2024.
Este ingreso margina a los jubilados a la pobreza: una persona con vivienda propia necesita un ingreso no menor a 371.958 pesos argentinos (276.000 pesos chilenos) para no ser considerada pobre, según datos oficiales.
Pero, de acuerdo a cálculos de la Defensoría de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires, ese ingreso mínimo para no caer por debajo de la línea de la pobreza es de al menos 1.200.523 pesos argentinos (891.000 pesos chilenos) en el caso de los adultos mayores, cuyos gastos en salud, entre otros, son superiores a los de otros grupos etarios.
