Un operativo policial realizado este miércoles para levantar el bloqueo de carreteras instalado por seguidores del expresidente de Bolivia Evo Morales (2006-2019), en la región andina de Potosí, terminó con tres agentes fallecidos a manos de los manifestantes, según denunciaron las autoridades.
La Policía de Bolivia confirmó en la tarde las muertes de los subtenientes Carlos Enrique Apata y Brayan Jorge Barrozo, a quienes se sumó un tercer efectivo en la noche: el sargento Jesús Alberto Mamani Morales, de la unidad de Bomberos Caracoles Potosí.
"Su fallecimiento representa una pérdida irreparable para la familia policial, y nos unimos en el dolor que hoy embarga a sus seres queridos", publicó en sus redes sociales el Comando Departamental de la Policía de Potosí.
Los tres agentes eran parte del operativo que buscaba llegar hasta el municipio de Llallagua, en el norte de Potosí, donde en la víspera los manifestantes atacaron a los pobladores de esa localidad que querían levantar los bloqueos de carreteras.
El gobierno denunció que los policías fueron emboscados en la carretera hacia Llallagua por las personas movilizadas, quienes estaban apostadas en los cerros aledaños, desde donde lanzaron piedras y dinamita y, según las autoridades, también atacaron a los agentes con armas de fuego.
Una vez confirmadas las dos primeras muertes, el ministro de Gobierno, Roberto Ríos, aseveró que los policías "fueron vilmente asesinados por disparos de arma de fuego mientras cumplían su deber de proteger a la ciudadanía y la libre transitabilidad del país", en una jornada "marcada por la violencia promovida por sectores radicales" afines a Morales.
"Lo que estamos viviendo no es una demanda social legítima, es una estrategia violenta para forzar una candidatura inconstitucional. Morales quiere imponer su candidatura e intereses personales, aún a costa de vidas humanas y por encima del pueblo boliviano", manifestó.
Los grupos leales a Morales bloquean carreteras desde el 2 de junio para exigir su participación en las elecciones generales del 17 de agosto, pese a que milita en un partido que no tiene personalidad jurídica vigente.
Arce acusa que evistas usaban "armas letales"
Pasada la medianoche, el presidente Luis Arce reaccionó oficialmente a los crímenes: "Expresamos nuestras más sentidas condolencias a los familiares de los policías asesinados en el cumplimiento de sus funciones, desbloqueando caminos para devolver la libre circulación al pueblo boliviano. Los acompañamos en estos momentos de profundo dolor", publicó en su cuenta de X.
"Condenamos enérgicamente la violencia y el uso ilegal de armas letales por parte de los bloqueadores evistas", enfatizó el mandatario, antes de anunciar que "hemos instruido una profunda investigación y no descansaremos hasta encontrar a los responsables de estos hechos para que rindan cuentas ante la justicia".
Arce remarcó que "no vamos a retroceder en nuestra decisión de restablecer el orden y de garantizar las elecciones del 17 de agosto. Le pedimos a nuestro pueblo acompañar estas decisiones para defender la democracia".
Más temprano, el jefe de Estado boliviano había ordenado a la Policía levantar los bloqueos, y lamentó que esas acciones hayan derivado en "actos vandálicos" para "derrocar al gobierno nacional" e imponer la candidatura de Morales que, según dijo, es "inconstitucional".
Condena generalizada del mundo político
Las muertes de los agentes recibieron una condena generalizada por parte de políticos y candidatos de oposición y del oficialismo por igual, quienes responsabilizaron sobre todo a Morales por la violencia.
Líderes opositores como el expresidente Carlos Mesa (2003-2005) calificaron de "inadmisible la indolencia y la permisividad del gobierno de Arce ante la violencia generada por Evo Morales y sus cómplices", que están llevando al país a "enfrentamientos fratricidas".
Por su parte, Morales dijo que Bolivia "vive una criminalización de la protesta" y señaló que un eventual desbloqueo generará una "mayor rebelión y mayor sublevación ante el gobierno".
El expresidente, que está distanciado de Arce, insiste en ser candidato pese a no tener partido y a que el Tribunal Constitucional ratificó recientemente que la reelección en el país está permitida "por una única vez de forma continua", sin posibilidad de un tercer mandato, y él ya gobernó el país en tres periodos.
La Fiscalía investiga al exgobernante y a algunos dirigentes cercanos por ocho delitos, entre ellos terrorismo y obstrucción de procesos electorales, a raíz de una denuncia presentada por el gobierno.
