La fabricante china BYD anunció este martes la anulación del contrato con el Grupo Jinjiang, después de que esa constructora fuera acusada por autoridades brasileñas de mantener a 163 obreros en condiciones análogas a la esclavitud en las obras de una fábrica de automóviles.
BYD afirmó en un comunicado que "no tolera faltas de respeto a la ley brasileña y a la dignidad humana", y aseguró que va a garantizar que se garanticen los derechos de los obreros, que trabajaban en la construcción de una nueva fábrica de automóviles en el municipio de Camaçari, en el estado de Bahía.
Asimismo, la empresa china aseguró que "a lo largo de las últimas semanas" hizo una "revisión detallada" de las condiciones de trabajo en las obras y había notificado "varias veces" a las constructoras.
La empresa china, que está instalada en Brasil desde hace 10 años, reiteró su compromiso con la protección a los derechos de los trabajadores y aseguró que está colaborando con los órganos competentes.
Los 163 trabajadores rescatados por las autoridades brasileñas, todos ellos de nacionalidad china, vivían y trabajaban en condiciones insalubres y degradantes.
Además, la constructora les retenía el 60% del sueldo y sus pasaportes, y había establecido fuertes castigos para disuadirlos de pedir la dimisión, lo que las autoridades brasileñas calificaron como "trabajo forzado".
La fábrica de BYD en Camaçari está en la fase final de su construcción y está previsto que comience a producir vehículos en Brasil a partir del próximo marzo, según anunció a comienzos de diciembre la vicepresidenta ejecutiva de BYD, Stella Li, durante una visita al presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
La planta brasileña será la más grande y la más avanzada de BYD fuera de China y se espera que para finales de 2025 haya producido 150.000 vehículos eléctricos.
