Un exministro y un abogado del expresidente brasileño Jair Bolsonaro (2019-2022) negaron este martes, ante la Policía Federal, haber intentado obstruir la acción de la justicia en el proceso por golpismo contra el líder de la ultraderecha.
Paulo Cunha Bueno, del equipo de defensa de Bolsonaro, y el exministro de Información Fabio Wajngarten fueron citados a declarar debido a sospechas de que intentaron burlar decisiones judiciales e influir en el juicio, que cursa en la Primera Sala de la Corte Suprema.
Las sospechas se desprendieron de una investigación que, hace 10 días, llevó al arresto del coronel del Ejército Marcelo Costa Câmara, un exasesor de Bolsonaro.
El militar, también imputado por golpismo, fue detenido después de que se comprobó que intentó tener acceso a aspectos del proceso que estaban bajo secreto sumarial.
Câmara, según la Policía, buscó conocer algunos detalles de un acuerdo de cooperación judicial firmado por el teniente coronel Mauro Cid, exedecán de Bolsonaro que dio las pistas que llevaron a investigar la trama golpista.
En esa investigación surgieron indicios de que tanto el abogado Bueno como el exministro Wajngarten entraron en contacto con familiares de Mauro Cid con el mismo objetivo.
Voceros de Bueno dijeron a periodistas que confirmó haber conocido a la madre del exedecán, pero hace más de un año, cuando coincidieron en un evento de un club hípico que ambos frecuentan y que conversaron sobre asuntos ajenos al proceso y la participación de una hija de Cid en un concurso.
Wajngarten, por su parte, explicó que en la misma época había sido contactado por el padre de Mauro Cid, quien pidió ayuda para la inscripción de su nieta, hija del exdecán, en un concurso hípico en ese mismo club, al que suele ir junto con el abogado Bueno.
"Bajo ninguna hipótesis hubo algo relacionado con el proceso o con intentos de obstrucción de justicia", aseguró.
Las imputaciones de la Fiscalía
Según la acusación formulada por la Fiscalía, corroborada por algunos testigos, Bolsonaro y los otros siete imputados tejieron diversos planes para impedir la investidura del actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, tras su victoria en las elecciones de octubre de 2022.
Tras el fracaso de esos primeros planes, los acusados habrían incitado el asalto a Brasilia del 8 de enero de 2023, una semana después de la investidura de Lula, cuando miles de bolsonaristas depredaron las sedes de la Presidencia, el Parlamento y el Supremo, y exigieron que las Fuerzas Armadas derrocaran al nuevo Gobierno.
La Primera Sala del Supremo ya concluyó la fase de instrucción y el pasado viernes abrió un plazo de 15 días para que la Fiscalía presente sus alegatos finales.
Luego será el turno de los abogados de los propios acusados, que también tendrán un plazo para presentar sus últimos argumentos, y el juicio quedará listo para una sentencia que puede ser dictada entre septiembre y octubre.
