El caso se juzgó bajo la Ley de Seguridad Nacional, impuesta por Pekín en 2020, y con jueces fueron nombrados directamente por el régimen.
Policías en las afueras del tribunal, en el inicio de las audiencias de apelación.
El Tribunal de Apelaciones de Hong Kong inició la audiencia para revisar los recursos presentados por 12 destacados activistas prodemocracia y el Departamento de Justicia local, en el marco del mayor caso de seguridad nacional en la ciudad, que involucró a 47 figuras democráticas acusadas de conspiración por China y que terminó en primera instancia con penas de entre 4 y 10 años de cárcel.
Se trata de un caso en que se aplicó la Ley de Seguridad Nacional, impuesta por Pekín en 2020 sobre la región semiautónoma, y en el que los jueces fueron nombrados directamente por el régimen unipartidista que controla el Partido Comunista de China.
Entre los acusados destacan Benny Tai, académico considerado el "cerebro" del plan, condenado a 10 años; Leung Kwok-hung, veterano activista, sentenciado a siete años; y Joshua Wong, líder de la "revolución de los paraguas" de 2014, quien enfrenta cuatro años y ocho meses de prisión.
Los acusados fueron condenados por organizar y participar en elecciones primarias no oficiales en julio de 2020, con el objetivo de seleccionar candidatos prodemocráticos para obtener la mayoría en el Consejo Legislativo y vetar el presupuesto gubernamental. Alrededor de ocho del grupo ya han cumplido sus castigos de cárcel, mientras que 37 permanecen en prisión.
Ante el fallo, que habla del riesgo de desencadenar una "crisis constitucional", existe una fuerte reacción internacional, ya que Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Europea, junto con organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, han criticado las sentencias, acusando a la Ley de Seguridad Nacional de ser una herramienta para reprimir la disidencia.
Esta controvertida normativa, que castiga actos de subversión, secesión, colusión con fuerzas extranjeras y terrorismo con penas de hasta cadena perpetua, otorgó a la policía amplios poderes, incluyendo detenciones sin cargos inmediatos y la vigilancia de comunicaciones.
Desde su entrada en vigor, se han registrado más de 300 detenciones relacionadas y la disolución de decenas de organizaciones de la sociedad civil, incluyendo sindicatos y medios de comunicación independientes.
