La organización Human Rights Watch (HRW) denunció hoy en su informe anual que las autoridades de China "niegan sistemáticamente" las libertades de expresión y de asociación, y persiguen a críticos del Gobierno y del Partido Comunista chinos (PCCh) mediante la censura y el uso del sistema legal.
Según el documento, el refuerzo del control ideológico ha ido acompañado de políticas de asimilación forzada en Tíbet y Xinjiang, así como de la imposición de un régimen de seguridad nacional "represivo" en Hong Kong.
HRW sostiene que no ha habido rendición de cuentas por los abusos denunciados en Xinjiang, donde "varios cientos de miles" de uigures permanecen encarcelados de forma injusta, según la organización.
Censura, control informativo y castigo a la disidencia
HRW afirma que el Gobierno chino aplica uno de los sistemas de vigilancia y censura más estrictos del mundo, utilizando el aparato legal para castigar a críticos.
Entre los casos citados figura la condena en enero de 2025 del cineasta Chen Pinlin a tres años y medio de prisión por "provocar peleas y crear problemas" tras realizar un documental sobre las protestas de 2022.
La organización también menciona la sentencia a tres años impuesta en febrero al editor taiwanés Fu Cha por "incitar al separatismo", así como la supuesta condena en julio del activista Peng Lifa a nueve años de prisión por colgar pancartas prodemocracia en un puente de Pekín.
El informe añade que las autoridades continúan reprimiendo las conmemoraciones públicas por la masacre de Tiananmen de 1989 tanto en China continental como en Hong Kong, mientras que grupos de la diáspora celebraron actos en decenas de ciudades fuera del país.
La organización advierte además de un aumento de la presión contra comunidades chinas en el exterior y de acciones de acoso contra familiares de activistas en China, en lo que califica de "represión transnacional".
Tíbet, Xinjiang y Hong Kong bajo el marco de la seguridad nacional
En el apartado regional, HRW denuncia que en Tíbet persisten políticas que fuerzan la asimilación cultural y lingüística, y recuerda que el presidente chino, Xi Jinping, instó en agosto a que el budismo tibetano "se adapte a la sociedad socialista".
Sobre Xinjiang, la organización reitera que desde 2016 las autoridades han cometido abusos que califica de "crímenes contra la humanidad", una acusación que Pekín rechaza, y subraya que Naciones Unidas ha señalado la falta de avances desde la publicación de su informe de 2022.
En Hong Kong, HRW afirma que el uso recurrente de las leyes de seguridad nacional ha servido para criminalizar expresiones pacíficas, con cientos de detenciones desde 2020, según cifras oficiales citadas en el documento.
El informe sostiene que estas medidas han ido acompañadas de restricciones a medios, editoriales, actividades culturales y académicas, así como de acciones contra activistas en el extranjero y sus familiares.
"El Gobierno chino bajo Xi Jinping ha acumulado un historial de derechos humanos cada vez más desastroso, ampliando y profundizando la represión de libertades fundamentales", afirmó la subdirectora de Asia de HRW, Maya Wang, en la presentación del informe.
Religión, género y colectivos LGBT
HRW señala que el Gobierno chino mantiene un estricto control sobre la libertad religiosa, permitiendo únicamente cinco credos oficiales y reprimiendo a comunidades no registradas, incluidas congregaciones católicas y protestantes que se niegan a integrarse en las iglesias controladas por el Estado.
La organización también denuncia discriminación persistente contra mujeres y niñas, en un contexto de creciente presión oficial para promover modelos familiares tradicionales ante el descenso de la natalidad.
La ONG afirma que las autoridades han incrementado la censura de discursos feministas y sancionado contenidos críticos en redes sociales.
Asimismo, el documento recoge restricciones contra personas LGBT, pese a una mayor aceptación social, incluyendo censura de obras culturales y actuaciones contra escritores y artistas.
China niega de forma reiterada las acusaciones de abusos de derechos humanos y defiende que sus políticas buscan garantizar la estabilidad, el desarrollo y la seguridad nacional.
