La Asamblea Nacional de Ecuador aprobó este viernes el proyecto de Ley de Fortalecimiento y Sostenibilidad Crediticia, la quinta normativa económica urgente presentada por el presidente Daniel Noboa tras su reelección hasta 2029.
Sin embargo, algunos artículos de leyes anteriores, tramitadas bajo el mismo mecanismo exprés, siguen suspendidos de manera cautelar por orden de la Corte Constitucional.
Con 77 votos a favor, el pleno nacional dio luz verde al proyecto, mediante el cual se permite que el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess) devuelva "la administración de los fondos previsionales complementarios a sus partícipes", según detalló el Parlamento en un comunicado.
Si bien la presidenta de la Comisión, Valentina Centeno, sostuvo que la intención de la norma es mejorar la eficacia financiera del Biess, la correísta Viviana Veloz puso aquel propósito en entredicho.
De acuerdo con la opositora, "se pretende arrebatar los fondos del Banco, que son el respaldo para la vejez y la cesantía", y que "se busca vender la cartera del Biess a la banca privada".
Por su parte, el asambleísta oficialista Diego Franco subrayó que esta ley no busca privatizar, sino devolver los fondos a quienes les corresponden.
"Los recursos de los jubilados son y serán siempre de los jubilados", concluyó.
El segundo debate en torno al proyecto de ley se produjo, además, en medio de un paro nacional convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), la organización social más grande del país, en rechazo a la decisión del presidente de eliminar el subsidio al diésel, que es apoyado en algunas provincias de la sierra andina y la Amazonía.
Artículos suspendidos por la Corte Constitucional
Esta ley, que no entrará en vigencia hasta que sea promulgada por Noboa, es la quinta norma de "carácter económico urgente" presentada por el presidente bajo esta vía exprés, que permite aprobarlas en un plazo de apenas 30 días.
Las leyes de Solidaridad Nacional, Integridad Pública e Inteligencia fueron propuestas bajo esta premisa de la vía "económico urgente", a pesar de que la mayoría son relativas a temas de seguridad.
Por ello, y tras acumular decenas de denuncias de inconstitucionalidad, la Corte Constitucional decidió suspender preliminarmente algunos de sus artículos hasta determinar si cumplen con las directrices de la carta magna.
Entre los artículos suspendidos se encuentra el que otorgaba al jefe de Estado la facultad de conceder "indultos anticipados" a policías y militares procesados por delitos cometidos en el marco del "conflicto armado interno" declarado por Noboa a comienzos de 2024 contra el crimen organizado.
Asimismo, quedaron en vilo varios apartados de la Ley de Inteligencia que autorizaban a los agentes a utilizar identidades falsas y a solicitar datos de usuarios a las empresas telefónicas.
