Entre decretos de ley, deportaciones e intervención militar, el nuevo presidente de Estados Unidos ha protagonizado medidas severas para cumplir con sus promesas de campaña.
538 inmigrantes ilegales con antecedentes han sido detenidos, de los cuales 373 ya fueron deportados.
En sus primeros días, la administración de Donald Trump ha mostrado un ritmo frenético de actividad.
La Casa Blanca ha destacado el avance con el titular: "En 100 horas hemos hecho lo que otros hacen en 100 días".
Entre las acciones más notorias, destacan las múltiples órdenes ejecutivas firmadas y los rápidos avances en deportaciones.
Aunque muchas órdenes requieren tiempo o enfrentan impugnaciones, como el intento de modificar la nacionalidad por nacimiento, los operativos de deportación avanzan aceleradamente.
En cuanto a las deportaciones, el zar fronterizo Thomas Homan lidera un proceso que ya muestra cifras significativas.
Según datos oficiales, 538 inmigrantes ilegales con antecedentes han sido detenidos, de los cuales 373 ya fueron deportados.
Entre ellos se encuentran un presunto terrorista, integrantes de bandas criminales como el Tren de Aragua y personas con antecedentes por delitos sexuales o agresiones.
Las autoridades han enfatizado que se prioriza a los inmigrantes ilegales con antecedentes, aunque cualquier persona que haya ingresado de manera irregular está en riesgo de deportación.
En las últimas 48 horas se le dio autorización al ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos), para ingresar a escuelas públicas e iglesias si tienen sospechas o antecedentes de que en el lugar hay alguna persona indocumentada.
Recientes operativos han causado confusión y temor, como el incidente en una escuela pública del sur de Chicago, donde se desmintió un intento de ingreso del ICE.
Los residentes, con más de 25 años viviendo en el país, han expresado su preocupación: "Es injusto para todos, porque no le pedimos nada, trabajamos arduamente día a día para sacar adelante a nuestros hijos", comentó uno de ellos a Cooperativa.
Además, la Casa Blanca ha retirado la protección de programas especiales existentes en el gobierno de Biden. Estos contemplan a ciudadanos de Venezuela, Nicaragua y Haití, quienes ahora también podrían ser deportados.
El despliegue militar en la frontera sur incluye 1.500 efectivos, con el apoyo de aviones y contratistas privados.
Según confirmó el zar fronterizo, "esto significa que un agente del ICE no se quedará atascado con este tipo de tareas. Podrán estar en las calles enfrentando a los verdaderos criminales".
Este enfoque busca liberar recursos para agilizar las deportaciones y aumentar los operativos contra grupos delictivos.
