El gobierno de Bratislava desbloqueó la aprobación del nuevo paquete restrictivo a Rusia.
Esto, en un contexto marcado por la alta dependencia nacional del combustible importado.
La Unión Europea logró finalmente la aprobación de su 18° paquete de sanciones contra Rusia, luego de que Eslovaquia decidiera retirar el veto que había mantenido durante semanas y que mantenía en vilo a todo el bloque. El país condicionaba su aprobación a que se garantizaran medidas para proteger su economía ante la futura prohibición de comprar combustible ruso, prevista para 2028.
El primer ministro eslovaco, Robert Fico, explicó su decisión afirmando: "En este momento sería contraproducente continuar mañana con el bloqueo del paquete décimoctavo de sanciones, porque todas las posibilidades de negociaciones están hasta este momento agotadas, y proseguir en la posición de bloqueo pondría en peligro nuestros intereses".
La postura de Eslovaquia, que detuvo seis veces la aprobación del paquete al exigir el voto unánime necesario, permitió a Bratislava negociar en el ámbito del gas ruso, recurso del que el país es altamente dependiente y cuyas fuentes aún no diversifica.
A pesar de levantar el veto, Fico reafirmó: "El gobierno eslovaco y la Comisión han acordado otras garantías internas, lo que no cambia nada en que nunca vamos a apoyar la propuesta de parar el flujo de gas ruso desde enero de 2028".
Además, aseguró que Eslovaquia "debe superar este período negro de esta organización internacional [la Unión Europea] que consideramos nuestro hábitat natural de vida". Fico es considerado uno de los aliados más cercanos a Vladímir Putin en la UE y fue el único líder europeo que visitó Moscú en mayo para las conmemoraciones del fin de la II Guerra Mundial.
El acuerdo alcanzado contempla una "cláusula de suspensión" que permitiría dejar en pausa la prohibición del gas ruso si se compromete la seguridad energética o los precios aumentan de forma significativa.
Sin embargo, Eslovaquia exigió una exención total a partir de 2028, mientras que la UE mantiene su postura de considerar a Rusia un socio no fiable y de utilizar la energía como herramienta política, justificando así la futura prohibición del combustible ruso.
