Gobierno irlandés invetigará abusos en las "Lavanderías de la Magdalena"
Las jóvenes recluidas en dichos lugares sufrían abusos y humillaciones.
Sin embargo, las víctimas lamentan que el Estado no entregue una disculpa oficial.
Las jóvenes recluidas en dichos lugares sufrían abusos y humillaciones.
Sin embargo, las víctimas lamentan que el Estado no entregue una disculpa oficial.
El gobierno irlandés establecerá una comisión especial independiente para investigar los abusos cometidos por monjas, sacerdotes y personal laico contra mujeres y niñas en las llamadas "Lavanderías de la Magdalena".
En estas instituciones, popularizadas por la película "Las hermanas de la Magdalena" (2002), se recluía a jóvenes de supuesta vida disoluta bajo un régimen de esclavitud y continuas humillaciones.
En un comunicado oficial, el departamento de Justicia e Interior indicó que el objetivo de la investigación es "clarificar cualquier interacción del Estado con las lavanderías de la Magdalena y producir un informe detallando de tal interacción".
Las asociaciones de víctimas celebraron la iniciativa del gobierno, pero lamentan que, según se deduce de los parámetros de la investigación, no se emitirá aún una disculpa oficial por los abusos físicos y psíquicos perpetrados entre 1940 y la pasada década de los '90 en 10 de estas "Lavanderías".
Muchas de aquellas mujeres, la mayoría menores, eran sometidas al control de las religiosas por orden de la Justicia irlandesa, que penalizaba su estilo de vida o circunstancias personales.
Por ese motivo, la Comisión irlandesa de derechos humanos (IHRC) denunció repetidamente que los gobiernos de la época ignoraron su obligación de evitar situaciones de "arbitraria detención, trabajos forzados y servidumbre".
En una nota, la organización Justicia para las Magdalenas (JfM) señaló que está dispuesta a colaborar con la investigación y las cuatro órdenes religiosas que regentaban las "Lavanderías" para "ofrecer justicia e indemnizar a los supervivientes".
"Estamos al tanto -dice la organización- de las implicaciones legales que tendría la emisión de una disculpa y la preocupación del Estado en este sentido, pero queremos recordar al Gobierno que la Convención de Naciones Unidas contra la tortura y el castigo o trato inhumano, degradante o cruel (UNCAT) considera al Estado responsable".