Esto, por intentar exculparse en el sumario sobre el asesinato en un atentado en Karachi el 2002.
Otros dos funcionarios de su gobierno también son investigados.
Tres jueces instructores de París estudian la posible inculpación de Nicolas Sarkozy por haber tratado, cuando era presidente de Francia, de exculparse en el sumario sobre el asesinato en un atentado en Karachi en 2002 de 11 empleados de una compañía estatal que fabricaba submarinos para Pakistán.
Le Monde reveló que los tres magistrados instructores, en un auto de este miércoles, plantean la imputación de Sarkozy por la denuncia presentada contra él por Olivier Morice, el abogado de varias víctimas del atentado por "violación del secreto de la investigación" y "violación de secreto profesional".
Morice adelantó este jueves en una entrevista a la emisora France Info, que ese auto "debería inevitablemente conducir a que Sarkozy responda de esas graves acusaciones".
Ahora -subrayó el letrado- "lo importante es que no haya obstrucción por parte de la Fiscalía (...) que ha intentado en varias ocasiones impedir la búsqueda de la verdad".
Las pruebas
La base de la denuncia de los familiares de los ingenieros franceses asesinados en Karachi es un comunicado del Elíseo del 22 de septiembre de 2011, que respondía a informaciones de prensa sobre la presunta implicación de Sarkozy en la dimensión financiera del caso de ese atentado, ya que se sospecha que detrás pudieron estar las diversas comisiones que se pagaron por el contrato armamentístico.
La investigación judicial intenta esclarecer si Francia pagó comisiones ilegales a Pakistán para firmar la venta de submarinos en 1994 y si la interrupción del pago pudo provocar que los servicios secretos paquistaníes quisieran vengarse de Francia y organizaran así en 2002 un atentado en Karachi contra ingenieros militares galos en el que murieron 11 franceses.
En ese comunicado, la presidencia francesa aseguraba que el nombre de Sarkozy no aparecía "en ninguno de los elementos del dossier" de instrucción y que no había sido citado por ningún testigo o actor.
Para Morice, "eso significaba que el (entonces) presidente de la República tenía conocimiento de piezas del procedimiento", teóricamente cubierto bajo el secreto judicial, y "daba cuenta de ese conocimiento".
El abogado de las familias contó que había tenido que "batallar duro contra la Fiscalía" y convencer a los jueces de que esos hechos "no tenían nada que ver con su función de presidente" y que, una vez que había dejado de ser jefe del Estado, debía responder de "esos hechos muy graves".
El antiguo presidente no es el único que está amenazado de ser acusado en este asunto, ya que la investigación se dirige igualmente contra el que era entonces su responsable de comunicación, Franck Louvrier, y su ex ministro de Interior Brice Hortefeux.
