Advirtió de que no se dejará "intimidar" por esas "presiones o amenazas".
Benjamín Netanyahu agradeció a la Casa Blanca su ofensiva contra jueces involucrados en su orden de arresto.
La Corte Penal Internacional (CPI) denunció como "un ataque flagrante contra la independencia de una institución judicial imparcial" las nuevas sanciones anunciadas por Estados Unidos contra dos fiscales y dos jueces por investigar a Israel por crímenes en Gaza, y advirtió de que no se dejará "intimidar" por esas "presiones o amenazas".
En un comunicado, la CPI subrayó que respalda "firmemente" a su personal y a las víctimas de las "atrocidades inimaginables" que la oficina del fiscal está investigando, desde Palestina hasta Afganistán, pasando por Filipinas y varios países africanos.
"La CPI seguirá cumpliendo con sus mandatos, sin dejarse intimidar, en estricta conformidad con su marco jurídico adoptado por los Estados Partes y sin atender a restricciones, presiones o amenazas", advirtió hoy la CPI.
La Administración de Donald Trump anunció este miércoles restricciones contra los jueces Kimberly Prost (Canadá) y Nicolas Guillou (Francia), y contra los fiscales adjuntos Nazhat Shameem Khan (Fiji) y Mame Mandiaye Niang (Senegal). Esta nueva ronda de sanciones se suma a las emitidas en junio contra cuatro jueces, y en febrero contra el fiscal jefe, Karim Khan.
La CPI consideró que estas sanciones constituyen "un ataque flagrante contra la independencia de una institución judicial imparcial que actúa bajo el mandato de 125 Estados Partes de todas las regiones", todos firmantes del Estatuto de Roma, su tratado fundacional, así como contra "millones de víctimas inocentes" en todo el mundo.
Además, urgió a sus países miembros y a "todos quienes comparten los valores de la humanidad y el Estado de derecho" a apoyar la labor del tribunal, "llevada a cabo únicamente en interés de las víctimas de crímenes internacionales", subrayó.
Una de las primeras decisiones de Trump tras tomar posesión en enero fue anular una orden ejecutiva de su predecesor, Joe Biden, que revocaba una decisión del propio Trump en 2020 con sanciones contra funcionarios de la CPI cuando el tribunal examinaba los presuntos crímenes de guerra cometidos en Afganistán, lo que también incluía a las tropas estadounidenses.
Pero ahora es Israel quien urgió a sancionar a la CPI. La Corte emitió en noviembre pasado órdenes de detención contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su exministro de Defensa Yoav Gallant, por crímenes de guerra y lesa humanidad por usar el hambre como método de guerra, dirigir intencionalmente un ataque contra la población civil; asesinato, persecución y otros actos inhumanos desde octubre de 2023.
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, felicitó este miércoles al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, tras su decisión de sancionar a cuatro jueces de la CPI.
"Felicito a Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU., por decidir imponer sanciones a los jueces de la Corte Penal Internacional de La Haya", dijo en un comunicado.
"Este es un acto decisivo contra la falsa campaña de desprestigio contra el Estado de Israel y las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), y a favor de la verdad y la justicia", añadió.
Ni Israel, ni Estados Unidos son miembros de la CPI, aunque Washington sí ha cooperado con este tribunal por investigaciones como la de los crímenes de guerra en Ucrania, que llevó a la emisión de una orden de arresto contra el presidente ruso Vladimir Putin, pero retiró ese apoyo cuando las investigaciones afectaron a su aliado israelí.
La decisión de anunciar una nueva ronda de sanciones contra la CPI llega horas después de que Israel aprobara este miércoles el polémico plan para expandir los asentamientos junto a Jerusalén Este, en la zona conocida como "E1", que impediría el acceso a la ciudad desde Cisjordania ocupada y dificultaría el establecimiento de un Estado palestino contiguo.
En julio del año pasado, la Corte Internacional de Justicia (CIJ), el máximo tribunal de Naciones Unidas, advirtió de que las políticas de asentamientos "violan el derecho internacional" y la "presencia continua" de Israel en Palestina es "ilegal", por lo que le exigió la "evacuación de todos los colonos", el "desmantelamiento" del muro de separación, y la devolución de tierras a sus residentes originales desplazados desde 1967.
