Abogado chileno dijo que "no se pueden usar acciones de una tercera parte para justificar torturas", aludiendo a los ataques de EE.UU. contra lanchas en el Caribe.
La represión en Venezuela se ha extendido a los extranjeros que viven o visitan el país, que se suman a los más de 200 venezolanos detenidos arbitrariamente, en muchos casos bajo régimen de incomunicación, según la Misión de Establecimiento de los Hechos de Naciones Unidas (ONU) para Venezuela.
Según el grupo, de los más de 200 venezolanos detenidos arbitrariamente -sea por caer en alguna de las categorías que Caracas juzga como opositores o por su simple participación en una manifestación- hay 43 cuyas vidas están en peligro por las condiciones que sufren.
Solo en la primera mitad de septiembre se pudo documentar la detención de 14 personas, dijo la presidenta de la misión, la portuguesa Marta Valiñas, jurista especializada en derechos humanos y quien compareció ante los medios en Ginebra, Suiza.
En tanto, la experta argentina Patricia Tappatá precisó que también se ha investigado la detención en el último año de entre 120 y 150 extranjeros, a los que las autoridades de Venezuela han acusado principalmente de ser mercenarios y entre los cuales ha podido documentar 84 casos de ciudadanos, de 30 países.
La mayoría de casos los detenidos son puesto bajo régimen de incomunicación y sufren la negación de la asistencia legal y consular o graves trabas para recibirla; y Tappatá agregó que se ha observado que uno de los motivos centrales para la detención de extranjeros es "extorsionar" y ejercer presión sobre sus gobiernos.
En tanto, el comisionado y abogado chileno Francisco Cox instó a que se pongan en marcha los mecanismos jurisdiccionales internacionales para hacer justicia a las víctimas en Venezuela; citando la opción de la Corte Penal Internacional, aunque consideró que ésta está tomando demasiado tiempo para actuar en este caso.
Consultado por los ataques de EE.UU. contra embarcaciones que salen de Venezuela y que el presidente Donald Trump afirma que llevan drogas, Cox señaló que "no se pueden usar acciones de una tercera parte para justificar torturas, desapariciones forzadas y asesinatos selectivos o cualquiera de las otras violaciones que hemos documentados que están ocurriendo ahora mismo en Venezuela".
En 2019, Michelle Bachelet, en calidad de alta comisionada de ONU para los DD.HH., presentó un informe denunciando ejecuciones extrajudiciales en Venezuela, con "casos documentados", responsabilidad de la Fuerza de Acciones Especiales (FAES).
