La Organización de Consumidores y Usuarios de Chile (Odecu) presentó el estudio "Brechas regulatorias en el comercio electrónico en Chile frente a estándares internacionales", donde llamó, con urgencia, a una "actualización de la normativa" ante la dispersión de las leyes referentes y los vacíos conceptuales.
"El informe detecta un vacío conceptual en la definición legal de comercio electrónico. Hoy conviven normas dispersas que no cubren de manera coherente la relación entre consumidores, vendedores y plataformas intermediarias", señaló la Odecu en un comunicado.
"Esto da pie a contratos poco transparentes, políticas de devolución confusas y prácticas publicitarias de difícil comprobación", añadió.
El estudio también expresa sus inquietudes respecto a las debilidades del derecho a retracto en el comercio electrónico: "En relación con referentes internacionales, las personas consumidoras en Chile enfrentan más trabas para devolver productos, obtener reembolsos ágiles y ejercer garantías cuando la transacción se realizó en línea", indica la Odecu.
De acuerdo con la organización, estas brechas también constituyen rezagos frente a la experiencia internacional de la Unión Europea, Brasil, Canadá y Singapur, pese a que Chile ya cuenta con "hitos" como el Reglamento de Comercio Electrónico de 2021 y el reciente Decreto sobre Precio por Unidad de Medida (PPUM).
La responsabilidad de los sitios web
El estudio también señala que, "en los 'marketplaces', no siempre queda claro quién responde ante demoras, pérdidas o productos defectuosos (...). La falta de estándares mínimos sobre información precontractual, políticas de despacho, trazabilidad de proveedores y vías efectivas de posventa generan incertidumbre y contribuye a la desconfianza".
El informa también aborda el cuidado de los datos personales y destaca los "avances recientes" en la materia, pero exhortó a "alinearlos con exigencias de transparencia, minimización de datos y control por parte del usuario, en particular frente a publicidad personalizada y decisiones automatizadas".
Consolidar ley integral de comercio electrónico
La Odecu propone, entonces, "consolidar la normativa hoy dispersa en una ley integral de comercio electrónico", que defina "con precisión a los distintos actores del ecosistema digital, establecer la responsabilidad solidaria o subsidiaria de las plataformas frente a incumplimientos, fijar obligaciones de trazabilidad y transparencia para los marketplaces y reforzar los derechos de retracto, garantía legal y reparación oportuna".
En esa línea, planteó la creación de una "unidad especializada en comercio electrónico" coordinada con autoridades sectoriales para fiscalizar situaciones abusivas; y llamó a que la nueva regulación exija "interfaces y procesos que no discriminen a personas mayores o con discapacidad; (contener) información clara en lenguaje simple; (incluir) métodos de pago diversos y seguros; y (establecer) canales de atención que no se limiten a respuestas automatizadas".
