El exgeneral director de Carabineros es imputado por su eventual responsabilidad de mando en violaciones a los derechos humanos durante el estallido social.
La fiscal Ximena Chong relató el ataque con bomba lacrimógena que, en noviembre de 2019, dejó ciega, sin olfato y sin gusto a la actual senadora.
El caso de la senadora Fabiola Campillai, a quien un carabinero le disparó en la cara con un bote de gas lacrimógeno durante las protestas de 2019, dejándola ciega, marca este miércoles la segunda jornada de formalización del ahora ex director de la policía militarizada Ricardo Yáñez, en el Centro de Justicia de Santiago.
El general en retiro, que asumió como jefe de Carabineros en noviembre de 2020, es acusado por el Ministerio Público por su eventual responsabilidad de mando en violaciones a los derechos humanos cometidas durante el estallido social, específicamente entre octubre de 2019 y marzo de 2020, cuando se desempeñaba como director nacional de Orden y Seguridad.
Junto a Yáñez, también están siendo formalizados su predecesor, Mario Rozas, y al exsubdirector Diego Olate por el delito omisivo de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves y homicidio presuntamente cometido en esa época.
La sesión de hoy comenzó a las 09:00 horas y, como estaba previsto, la fiscal Ximena Chong terminó de leer el detalle de los 230 casos de vulneraciones a los derechos humanos a los cuales se les acusa a los exuniformados (ayer, en la primera jornada, alcanzó a repasar 208).
Según la persecutora, entre el 18 y el 31 de octubre de 2019 se percutaron 8.148 cartuchos de escopeta antidisturbios por día: 11 por minuto si se acotan entre el mediodía y la medianoche de cada jornada. También acusó 174 personas heridas a nivel nacional por perdigones en el tercio superior del cuerpo en ese mes.
Estos casos, planteó el Ministerio Público, evidencian una falta de supervisión y fiscalización a la labor de control del orden público y el uso de elementos disuasivos de forma inadecuada, al igual que una inacción de parte de las altas jefaturas policiales para evitar que siguieran ocurriendo.
"Materializadas al hacer uso tanto de la escopeta antidisturbios como de la carabina lanzagases con munición de los menos letal al cuerpo de los manifestantes, a distancias menores a las obligadas provocando lesiones graves, mutilaciones y muertes. Bajo ese escenario, encontrándose en posición de hacerlo y contando con la autoridad para ello, no despliegan medidas eficaces ordenadas a impedirlos o hacerlos cesar, encontrándose obligados a ello", afirmó Chong.
Uno de estos casos fue el de Campillai, quien el 26 de noviembre de 2019 fue impactada en el rostro, mientras esperaba locomoción para ir a su trabajo en San Bernardo, por una bomba lacrimógena disparada por el entonces capitán de Carabineros Patricio Maturana Ojeda, quien cumple una pena de 12 años y 183 días de presidio por apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves gravísimas.
La agresión le quitó a la hoy senadora la visión de ambos ojos, el sentido del gusto y del olfato, y dio origen a dolores que padece hasta la actualidad.
Campillai es, junto a Gustavo Gatica, una de las víctimas de violación a los derechos humanos más emblemáticas de la crisis que se inició el 18 de octubre de 2019.
"El personal de Carabineros desplegado en el lugar —relató Chong ante el tribunal—, ejecutando labores de control del orden público y de acuerdo con la planificación de servicios determinada por la autoridad, en particular el -a esa fecha- capitán de Carabineros Patricio Javier Maturana Ojeda hizo uso de la carabina lanzagases, con munición 37 milímetros, de forma directa a las personas, específicamente al cuerpo de los manifestantes, sin el resguardo de la distancia y, por cierto, no en parábola; es decir, con abuso de su cargo y contraviniendo las reglas sobre el uso de la fuerza, se recogen en la circular 1.832 y en el manual de operaciones para el control del orden público, alcanzando a la víctima, Fabiola Andrea Campillai Rojas".
Después de estas primeras dos jornadas de audiencia, la defensa contará con hasta 10 días para prepararse de cara al debate respecto a la fijación de medidas cautelares.
La ministra del Interior, Carolina Tohá, afirmó esta mañana que la salida de Ricardo Yáñez como director de Carabineros "fue una decisión prudente".
"Nosotros respetamos el proceso judicial, las partes van a plantear sus puntos y lo que nos corresponde como Gobierno es dar las condiciones para que se desarrolle normalmente y sin indiferencia ese proceso", dijo la jefa de gabinete.
"Lo que puedo decir y reiterar es que la decisión tomada por el Gobierno desde el punto de vista de proteger y dar continuidad a la institución de Carabineros, de impedir que este caso interrumpa o distraiga a la institución de sus tareas, fue una decisión prudente", aseveró. .
Tohá indicó que "los hechos lo han ido demostrando, porque hoy día, mientras se dan estas discusiones a propósito de la formalización, Carabineros de Chile está abocado a su tarea, que es la que le importa a los chilenos, que es trabajar contra la delincuencia, trabajar por la seguridad de las personas".
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