Reciente dictamen de la Contraloría desató un intenso debate en El Primer Café.
Mientras la primera abogó por "ordenar" la educación pública y criticó la "politización" del Magisterio, la segunda acusó a Dorothy Pérez de vulnerar a los trabajadores organizados.
El reciente dictamen de la Contraloría General de la República (CGR) que instruyó a los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) a detallar los descuentos aplicados a los docentes que participaron en el paro nacional del 4 y 5 de junio encendió este martes un álgido debate en El Primer Café en Cooperativa.
Flavia Torrealba, presidenta de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), y la secretaria general del Partido Comunista (PC), Bárbara Figueroa, diseccionaron las implicancias de esta resolución, abordando desde la calidad de la educación pública hasta el crucial derecho a huelga de los trabajadores, revelando profundas diferencias en sus perspectivas.
Torrealba inició la discusión subrayando la marcada diferencia entre la educación pública y la privada en Chile. Argumentó que, mientras los estudiantes de colegios privados cumplen con sus jornadas escolares, en el sistema público existe una alarmante pérdida de días de clases, exacerbada por los dos años de pandemia. Para la líder del FRVS, esta situación ha generado un "daño enorme" a las generaciones de niños en la educación pública, y el dictamen de Contraloría se erige como una "señal para empezar a ordenar este trabajo".
Además, Torrealba destacó una tendencia creciente en Contraloría que favorece la autonomía de las unidades educativas, dándoles la razón en temas como el código de vestimenta o la convivencia escolar. Sin embargo, hizo un llamado al ente fiscalizador para que extienda esta lógica a mesas de trabajo regionales, reconociendo que los problemas y soluciones en materia educativa no son homogéneos en todo el país. Puso como ejemplo la disparidad entre regiones como Atacama, donde la educación pública está fuertemente golpeada, y la Metropolitana, donde se encuentra "muy disminuida".
La crítica de la presidenta de la FRVS también se extendió al Colegio de Profesores, argumentando que tiene una baja sindicalización y "un nivel de politización muy intenso". Según ella, esta politización no es exclusiva de los docentes, sino que se observa en todos los gremios, incluida la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). Esta afirmación, que vincula la influencia partidista con la dirigencia gremial, sentó las bases para un contrapunto directo con Figueroa.
La secretaria del PC afirmó que el dictamen de Contraloría "no permite ninguna fórmula de recuperación" y, por lo tanto, constituye "una vulneración del derecho a huelga". "Si yo te digo que aquí tiene que haber descuento sí o sí y no permito que las comunidades establezcan mecanismos de recuperación, quiere decir que estoy impidiendo el derecho a huelga; estoy transgrediendo una función o estoy sobrepasando mi labor como contralora interviniendo en una materia de exclusiva autonomía de los trabajadores organizados", acusó, en alusión a Dorothy Pérez, encargada del ente fiscalizador.
La exlíder de la CUT lamentó el "sesgo" recurrente de culpar a los profesores cuando se movilizan, destacando que las agendas de movilización docente no responden meramente a demandas "reivindicativas y corporativas" o salariales, sino que "han tenido que ver con temas de violencia, de acoso, de protección, de seguridad de los espacios educativos", calificando como "injusto" cargar la responsabilidad a los docentes.
A renglón seguido, Figueroa refutó la aseveración de Torrealba de que partidos políticos específicos, como el PC, tienen el "control" de gremios como la CUT y el Colegio de Profesores, citando los resultados de las recientes elecciones en la primera organización, donde el Partido Socialista obtuvo la mayoría, y señalando que en el segundo caso la mayoría la tiene Mario Aguilar, no el PC. Para Figueroa, estas acusaciones de politización son "caricaturas y sesgos" que desmerecen el trabajo de los dirigentes sindicales y una "falta de respeto" hacia los trabajadores organizados.
Torrealba insistió en su punto, argumentando que "las realidades territoriales son otras" y que la influencia política en los gremios se observa al "recorrer el país", sugiriendo que la mirada desde los niveles centrales no refleja la totalidad de la situación. Reforzó su postura inicial sobre el dictamen de Contraloría al reiterar que "los profesores son funcionarios públicos; no estamos hablando del obrero".
Finalmente, la conversación derivó hacia el debate sobre la negociación ramal: la timonel FRVS la calificó como una "conversación que llegó bien atrasada" y que no tiene sentido en la actual "época de feudalismo digital", donde la estructura laboral está cambiando rápidamente.
Figueroa, visiblemente sorprendida, respondió que esperaba que esa postura fuera por "desconocimiento de cómo se están dando los debates internacionales", mencionando la Conferencia Internacional de la OIT que se estaba llevando a cabo en ese momento.
"No me descalifique, compañera Bárbara, mire que también tengo una mirada y una postura doctrinaria sobre las cosas", retrucó de inmediato Torrealba a la secretaria PC, quien aclaró que solo señalaba que la negociación ramal es un tema de discusión activa en la OIT, a lo que la primera respondió con ironía: "Sí, claro, y todos somos esclavos de (el millonario Jeff) Bezos y Microsoft".
