La Fiscalía Nacional Económica (FNE) descubrió, en un estudio sobre el mercado de la educación superior en Chile, que más de un tercio de las carreras ofrecidas tiene retorno negativo.
Este análisis incluyó a las 126 universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica del país, revelando limitaciones significativas para la libre competencia y problemas estructurales que impactan directamente el futuro de los estudiantes.
El informe de la FNE, centrado en la educación superior de pregrado en Chile entre 2007 y 2023, identificó tres problemas centrales que afectan el sector: las dificultades que enfrentan los estudiantes al tomar decisiones sobre sus estudios, las deficiencias en la difusión de información crucial sobre variables competitivas y la existencia de barreras regulatorias que obstaculizan la competencia justa.
Estos factores, según la Fiscalía, impiden que la elección de una carrera se traduzca siempre en mejores oportunidades de empleo o en una remuneración superior a la que se podría obtener sin formación terciaria.
Impacto económico negativo y desalineación laboral
Uno de los hallazgos más preocupantes del estudio es que un 35% de las carreras de educación superior actualmente ofrecidas en el mercado tienen un retorno económico negativo. Este segmento de carreras, lejos de disminuir, ha visto un aumento en el porcentaje de matriculados, alcanzando cerca del 40% en 2023.
Además, el estudio señala una clara desalineación entre los estudios superiores y las demandas del mercado laboral. Dos de cada cinco profesionales chilenos declaran que su trabajo tiene una relación parcial, escasa o nula con sus estudios, y la mitad de la población activa indica sentirse sobrecalificada para su puesto.
La calidad educativa también fue un punto de atención para la FNE: observó importantes disparidades entre las instituciones en la calidad de la enseñanza , tanto dentro del subsistema universitario como del técnico profesional.
Específicamente, el informe destaca que las instituciones con aranceles más altos en relación con sus costos no son necesariamente aquellas que ofrecen los mejores servicios educativos.
Desafíos en la toma de decisiones y brecha de género
El análisis de la FNE profundiza en cómo los estudiantes toman sus decisiones. Inicialmente, las motivaciones suelen ser vocacionales, pero al enfrentar el mercado laboral, los beneficios económicos adquieren mayor relevancia. Pese a la complejidad de esta elección, el estudio revela que la preparación es limitada, con un uso deficiente de las herramientas informativas disponibles.
Un aspecto crítico revelado es la brecha de género en el retorno económico de las carreras. Las mujeres tienden a elegir opciones con retornos económicos menores que los hombres. El estudio indica que el retorno promedio de las carreras elegidas por hombres es un 8,5% superior al de las mujeres.
Esta diferencia se magnifica drásticamente cuando se pondera por el número de matrículas: el retorno promedio de las carreras que estudian los hombres es aproximadamente 4,5 veces mayor que el de las mujeres.
Nueve recomendaciones para transformar el sistema
Frente a estos hallazgos, la FNE formuló nueve recomendaciones estratégicas. Estas propuestas buscan mejorar indicadores subjetivos, como la satisfacción de los estudiantes con su elección, y generar beneficios económicos sustanciales para las familias y el Estado.
Se estima que, si estas recomendaciones lograran reducir en un 10% la deserción de estudiantes de pregrado y, en igual proporción, la cantidad de alumnos que optan por carreras con retorno negativo, los beneficios anuales para las familias y el Estado ascenderían a 852 millones de dólares, lo que equivale al 13% de los ingresos anuales de todo el sistema educativo.
Para mejorar la toma de decisiones, la FNE propone:
- Reforzar la orientación vocacional a lo largo de toda la enseñanza media.
- Capacitar a los docentes en el uso de herramientas informativas.
- Crear un sistema de información personalizado que integre test vocacionales y recomendaciones basadas en datos de empleabilidad, ingresos, aranceles, duración de carreras y tasas de deserción.
En cuanto a la mejora en la divulgación de información, las recomendaciones incluyen:
- Implementar una plataforma digital centralizada (basada en plataformas existentes como Mifuturo.cl) que permita una comparación intuitiva y ágil de programas educativos según atributos relevantes para los estudiantes.
- Establecer un hito informativo obligatorio previo al proceso de postulación.
- Aumentar la transparencia en variables fundamentales como los niveles de satisfacción post-egreso, incluir la satisfacción estudiantil en los criterios de acreditación y calcular el valor económico agregado de cada programa.
Estas medidas buscan construir un sistema de educación superior más transparente, eficiente y equitativo, que prepare mejor a los estudiantes para los desafíos del mercado laboral y garantice un retorno positivo a su inversión en educación.
Las advertencias de expertos
El economista Juan Bravo, director del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales, subrayó la magnitud de estas brechas, advirtiendo de "un descalce entre la oferta formativa y las demandas del mundo productivo que hay que investigar en mayor profundidad para poder tener un diagnóstico más certero y poder implementar política pública".
"Luego tenemos problemas de información para quienes se embarcan en programas de estudio. Esto no solo es un problema de que las personas se informen de manera insuficiente. La información que existe hoy también tiene serias deficiencias", puntualizó el experto.
Por su parte, el sociólogo Andrés Kogan Valderrama explicó que "hay un tema bastante importante y estructural que tiene que ver con esta falsa promesa que se hizo a comienzos de los 90 con la expansión universitaria, con la formación de muchas universidades privadas que finalmente vendieron una idea de meritocracia a través de este título universitario".
El profesional argumentó que, a pesar de la expansión de la matrícula y el acceso universitario, hay una ausencia de planificación estatal y regulaciones adecuadas sobre cómo las carreras se conectan con el sector productivo y el mercado laboral.
