Tres menores de edad, estudiantes del Internado Nacional Barros Arana (INBA), fueron formalizados este miércoles y quedaron sujetos a las medidas cautelares de arresto domiciliario nocturno y sujeción al Servicio Nacional de Menores (Sename).
Estos jóvenes fueron detenidos en medio de manifestaciones ocurridas fuera del recinto educacional, acusados de fabricar y lanzar bombas molotov a Carabineros.
Además de estos tres formalizados, hubo un total de 15 detenciones durante la protesta. Entre los aprehendidos se encontraba un menor de 13 años, quien, dada su edad, es inimputable. Otros 11 estudiantes quedaron en calidad de apercibidos, a la espera de ser citados por la Fiscalía.
Los menores formalizados son un joven de 14 años y dos de 17. Todos fueron imputados por delitos de desórdenes públicos en el contexto de una protesta que, según se informó, involucró a al menos 30 estudiantes.
La sujeción al Sename, según se explicó, implica una vigilancia y acompañamiento por parte de los programas de servicio de reinserción social juvenil.
Durante la audiencia, el Ministerio Público presentó antecedentes que sugieren la posible vinculación de profesores del INBA con estos hechos, advirtiendo que estarían instando a los menores a realizar estos delitos.
"No voy a dialogar con quien lanza una molotov", advierte Desbordes
Tras los recientes incidentes en el INBA, las autoridades han reforzado su postura y anunciado un endurecimiento en las acciones legales. Tanto el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, como el subsecretario de Seguridad Pública, Rafael Collado, enfatizaron la necesidad de enfrentar con determinación a los grupos violentos.
El jefe comunal fue enfático al señalar que se trata de "grupos muy minoritarios que atentan contra toda la comunidad escolar, y estas últimas acciones tienen que ver con que hemos tenido resultados con el trabajo que se está haciendo con la Fiscalía y con las policías".
Además, subrayó la implementación de normas como "Aula Segura" y desmintió a quienes hablan de falta de diálogo, calificándolos de "verdaderos cómplices" que buscan "bloquear el cómo enfrentar estos grupos".
"Yo no voy a dialogar con quien lanza una molotov. Con ellos las herramientas ya son herramientas penales, porque superaron la barrera de lo que es tolerable", puntualizó Desbordes.
Gobierno no descarta una querella
Por su parte, el subsecretario Collado confirmó que el Gobierno está evaluando la interposición de una querella, y explicó que existe un trabajo conjunto con diversas entidades y policías para abordar la convivencia escolar y las actividades delictivas en recintos educacionales.
"El Ministerio de Seguridad tiene la competencia para querellarse por eventos como estos. Respecto de este caso, como siempre lo hemos hecho, estamos también evaluando la presentación de una querella criminal porque hay delitos involucrados. Portar una molotov es un delito. Está la Ley de Armas, así como otro tipo de actividades que también son delictivas", puntualizó la autoridad.
