Joanna Pérez planteó la necesidad de adelantarse a eventuales ataques producto de juicios de alta connotación social, como el de Héctor Llaitul.
La necesidad surge tras la emboscada ocurrida en Antiquina donde murieron tres carabineros.
Luego del crimen de tres carabineros en Cañete, la diputada por la Región del Biobío de Demócratas Joanna Pérez pidió revisar los mecanismos del estado de excepción en la macrozona sur del país frente a juicios de alta connotación social.
Esto en alusión al juicio en contra del líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul, quien fue condenado el pasado lunes por delitos sancionados en la Ley de Seguridad del Estado, usurpación violenta de predio, hurto simple y atentado contra la autoridad, por los que arriesga hasta 25 años de cárcel.
Pérez planteó que "lo que estamos viviendo en la provincia de Arauco, con la muerte de estos tres carabineros con esta forma tan miserable de este terrorismo que ha afectado al alma nacional, demuestra que también debemos revisar los mecanismos que utiliza una estado de excepción cuando se hace un juicio como el que tuvimos de Llaitul y las represalías que probablemente pudieran venir después".
En esa línea, planteó que "debemos anticiparnos a esas medidas, debemos utilizar todos los instrumentos que nos da nuestro ordenamiento jurídico para, en el fondo, entregarle a nuestros Carabineros y policías aquí en el territorio todo el respaldo".
El estado de excepción en la macrozona sur rige desde el 2022 y ha sido renovado sucesivamente hasta al fecha, lo que ha permitido el despliegue de las Fuerzas Armadas en la zona.
El Gobierno informó esta semana al Congreso, previo al crimen de los carabineros, que hubo una disminución del 35 por ciento de los eventos de violencia rural con respecto al mismo periodo de 2023. Igualmente, se constató un descenso del 51 por ciento, en comparación del 2021.
Sin embargo, advertía que aún se registran actos de violencia extrema que requieren una mayor presencia estatal. "Un ejemplo de esto ocurrió el 7 de abril, en Perquenco, donde un grupo de individuos incendió un inmueble y robó dinero desde un inmueble cercano utilizando armas de fuego. De igual forma, el 7 de abril, en Cañete, 13 integrantes de una comunidad indígena incendiaron una plantación de trigo en un predio usurpado".
