Lucía Dammert, exasesora del Gobierno del Presidente Gabriel Boric, hizo un llamado a la clase política a concentrarse en la formulación de políticas públicas efectivas frente a los vínculos entre narcotráfico y funcionarios de instituciones armadas, como la Fuerza Aérea.
En conversación con El Diario de Cooperativa, la académica de la Universidad de Santiago manifestó que "con todo respeto al (Poder) Legislativo, acá lo que se requiere son políticas públicas, no más leyes, porque en el mundo de la realidad, a veces las leyes no se implementan. Tenemos leyes para lo que querramos muchas veces, pero lo que requerimos ahora son políticas públicas".
Para eso, añadió, "el Gobierno puede avanzar efectivamente en revisar y aumentar los niveles de control y ahí sí podría haber un acuerdo entre los candidatos".
Dammert cree que las cartas presidenciales podrían generar un "programa común de lucha contra la corrupción que no necesariamente incluya una nueva ley".
"Yo creo que hemos entrado en una discusión que a veces es poco real de creer que, porque vamos a pasar una ley más dura, se va a generar una disminución de estos problemas", planteó.
Dammert estimó que "donde hay que concentrar el accionar, es en la definición de políticas públicas. Y las políticas públicas se hacen desde el Ejecutivo, en el concurso hoy día con un acuerdo político de los partidos (...) porque estamos entrando en un periodo muy difícil que es el periodo electoral".
"Pero no sería la primera vez que los temas de seguridad se utilizan malamente para sabotear, para ganar, para influir en las elecciones. Y eso, eso creo que está muy mal porque genera inseguridad y no necesariamente resuelve los problemas", cerró.
"Punta del iceberg"
A propósito del caso FACh, que reveló el involucramiento de funcionarios de esa rama con el transporte de drogas, Dammert enfatizó que "esto no es solo un hecho puntual. Es la punta de un iceberg que pone en evidencia una preocupante falta de control al interior de las instituciones del Estado".
La otrora asesora del "segundo piso" explicó que la debilidad en los controles, tanto internos como externos, aumenta los incentivos a la corrupción y facilita el ingreso de funcionarios públicos a redes delictuales. "La gran mayoría de los miembros de las Fuerzas Armadas no son corruptos, pero la ausencia de mecanismos eficaces de fiscalización permite que estas situaciones escalen", sostuvo.
Además, cuestionó directamente el rol de la inteligencia estatal: "¿Qué pasa con la Agencia Nacional de Inteligencia? ¿Dónde están las alertas tempranas? Este tipo de fenómenos requiere monitoreo sofisticado, cruzamiento de datos y, sobre todo, voluntad política para actuar".