La Fiscalía Regional de Tarapacá informó este lunes que la Fuerza Aérea (FACh) rechazó entregar los antecedentes de los cinco funcionarios detenidos en Iquique tras ser sorprendidos intentando trasladar droga a bordo de un vuelo institucional con destino a la Región Metropolitana.
"Nosotros el viernes nos enteramos de que este procedimiento está en curso, donde a cinco miembros de la FACh se les imputa el delito de tráfico ilícito de estupefacientes. En atención a eso, solicitamos de manera formal a la FACh que nos remitiera los antecedentes para investigar el ilícito ya referido", explicó Trinidad Steinert, fiscal regional de Tarapacá.
"No obstante, el día de hoy la FACh nos dio la respuesta a nuestro requerimiento en el sentido de que ellos son los competentes y, por lo tanto, no procede derivar ningún documento a la justicia ordinaria, que sería el Ministerio Público", complementó la persecutora.
Ante la negativa de la entidad castrense, el Ministerio Público señaló que el próximo paso será solicitar una "audiencia de contienda de competencia" ante la Corte de Apelaciones de Iquique, con la finalidad de que el tribunal resuelva si será la justicia civil o militar la encargada de investigar el caso.
La Fiscalía argumenta que el delito de tráfico de drogas no está tipificado ni estipulado en el Código de Justicia Militar, por lo que, a su juicio, el caso debería ser investigado por la justicia ordinaria (Ministerio Público).
Chile Transparente: "Daría más confianza la justicia civil"
El presidente del capítulo chileno de Transparencia Internacional (Chile Transparente), Alejandro Ferreiro, fue consultado en El Diario de Cooperativa sobre las competencias legales del caso, señalando que será "una muy interesante discusión respecto a la competencia de los tribunales".
"Hemos visto en los últimos 30 o 40 años, incluso durante la dictadura, la discusión respecto de a quién servía la justicia militar: si a la protección de los militares involucrados o a la aplicación efectiva de la justicia", puntualizó.
En ese sentido, Ferreiro enfatizó: "Si bien esto ocurre en el marco de actividades de la FACh, se trata derechamente de un delito común gravísimo. En consecuencia, y sin conocer los textos legales que puedan estar en juego, me parece que le daría más confianza a la ciudadanía que sea la justicia civil y el Ministerio Público los que tengan competencia para juzgar un caso de aparente colaboración con el narcotráfico".
