En el marco de la investigación contra Manuel Monsalve, en prisión preventiva por los delitos de violación y abuso sexual, se conoció la declaración de la autoridad que lo reemplazó en el cargo: Luis Cordero, instancia en la que abordó las diligencias realizadas y la situación de un presunto gasto de fondos de gastos reservados.
La declaración de Cordero se realizó la mañana del 29 de octubre pasado, 11 días después de asumir la repartición en medio de la bullada salida de Monsalve del Gobierno.
Según reveló El Mercurio este viernes, uno de los puntos que más llamó la atención de su relato fue sobre un eventual mal uso de gastos reservados por parte del exsubsecretario, dado que, en la caja fuerte asociada a los gastos reservados, solo se encontró un millón de pesos.
"En relación a lo que el día de ayer (28 de octubre) referí públicamente respecto de los gastos reservados utilizados por Manuel Monsalve, señalo que ayer mismo se abrió la caja fuerte que existe en la oficina del subsecretario de Interior. Lo anterior, por cuanto el subsecretario del Interior tiene asignados gastos reservados, incluida Ley de Inteligencia", declaró el exministro de Justicia.
Según explicó la autoridad, "esos fondos se reciben semestralmente. Cada uno de ellos es de 50 millones. Hasta el primer semestre de 2024 estaban rendidas (sic)".
Pese a esto, dio cuenta que "se encontró en la caja fuerte una suma un poco superior a un millón en dinero en efectivo (...). Respecto de los fondos de este segundo semestre, no lo sé y se encuentra en curso su determinación".
"No tengo antecedente alguno, y fue lo que ayer públicamente referí, si existe un uso en regla o indebido de tales fondos. Del resultado de aquello, cualquiera sea, se les informará (a los fiscales) a la brevedad posible", puntualizó Cordero.
Oposición fustiga falta de "proactividad"
La jefa de la bancada de diputados RN, Ximena Ossandón, manifestó que "uno habría esperado que el subsecretario Cordero fuera más proactivo, entendiendo que hace un rato se ha formado la duda acerca del correcto uso de los gastos reservados por parte de su antecesor, (porque) tuvo que ser la Contraloría la que destapara que el exsubsecretario Monsalve dejó el raspado de la olla de los gastos reservados".
"El Gobierno debe empezar a hacer lo correcto, y dejar el cálculo político-electoral", remató la parlamentaria.
"El hecho de que los gastos sean reservados no quiere decir que no exista un control interno por parte de las instancias que corresponden", complementó el diputado Stephan Schubert (ind-Republicanos), planteando que "lo que debe hacer el Ministerio del Interior es un arqueo: establecer cuánto dinero sacó y cómo se registró su salida, y qué destino se le dio al momento de ser extraído de la caja fuerte".
Por su parte, el diputado Jorge Alessandri (UDI) denunció que Monsalve "no tenía un criterio acorde al cargo, porque el domingo en la noche (día cuando ocurrió la presunta violación) tomaba mucho alcohol con una subalterna y fallaba la pega al día siguiente".
"(Por lo tanto), nosotros sentimos que tenemos el derecho a preguntarnos si ese mal criterio ejercido también lo usaba con los gastos reservados de la cartera", defendió.
Con todo, su par Andrés Celis (RN) y el abogado Luis Eduardo Cantellano ampliaron la querella presentada en contra del exsubsecretario por malversación de caudales públicos, además de obstrucción a la justicia y violaciones a la Ley de Inteligencia.
"Hemos considerado que se cumplen todos los requisitos para ampliar la querella e imputar al querellado Manuel Monsalve, por delito de malversación de caudales públicos bajo la modalidad de sustracción de fondo (...). Estamos ante delitos muy graves, que tienen además penas muy altas", dijo Cantellano.
Situación de la víctima y el trabajo policial
En cuanto a la víctima de este delito, el actual subsecretario aseguró que "no la conoce", pero que sabe que "está con licencia y sigue siendo empleada a honorarios de la Subsecretaría".
En esta línea, indicó que "hay un sumario administrativo, instruido porque esta situación involucra a una persona que trabaja en su gabinete (me refiero a la víctima) y se trata de determinar responsabilidades de Monsalve y otras personas. Esto se hace previo a la aceptación de renuncia de Monsalve, pues en otro momento no se puede aplicar, en su caso, sanciones".
Respecto a presuntas irregularidades en el uso de las policías por parte de Monsalve, la autoridad dijo en su declaración que tuvo reuniones con los líderes policiales.
Según consignó El Mercurio, con el general director de Carabineros, Marcelo Araya, realizó averiguaciones por el bullado viaje al sur de Monsalve, instancia en la que el uniformado aseguró que se "cumplió totalmente el protocolo de transporte de autoridad, y él dijo que no calificaban el motivo".
En tanto, con Eduardo Cerna, líder de la PDI, se descartó un mal uso de las cámaras de seguridad donde ocurrió el presunto abuso: "Yo le pregunto si la cadena de custodia de las cámaras está garantizada, como una forma de preguntar si habían alterado las cámaras. Cerna me contestó que no fueron alteradas", afirmó.
Asimismo, señaló que el 15 de octubre Cerna le reveló que "el personal de inteligencia en realidad había grabado las imágenes de las cámaras con un celular y no es que se hubiesen llevado copias directas de los equipos mismos".
Cordero también aclaró que "no he visto filmación alguna ni he tenido contacto con el personal de inteligencia PDI que hizo las gestiones encargadas por Monsalve".
Finalmente, admitió que fue hasta el 25 de octubre que se enteró de otras diligencias realizadas a petición de Monsalve.
"Después de la audiencia de cautela de garantías que había en esta causa ante el Séptimo Juzgado de Garantía, es que hablamos sobre otras gestiones de la PDI, como tratar de contactar a la víctima para saber, a encargo de Monsalve, si ella estaba bien. Esto me lo dijo como explicando por qué le había pedido la renuncia a la prefecto Vilches, pues él no sabía de estas diligencias de PDI", cerró Cordero en su declaración.
Asesor de Interior en la mira de comisión especial
Por otro lado, en las últimas horas se conoció que el sociólogo Camilo Araneda, asesor de Interior y cercano al Presidente Gabriel Boric, recomendó a la denunciante tomarse una licencia o pedir días libres para pensar en qué hacer. Y según el padre de la funcionaria, le bajó el perfil a la acusación, y disuadió a su hija de hablar con la ministra de la Mujer, Antonia Orellana.
Joanna Pérez (Demócratas), integrante de la comisión especial investigadora de la causa, consideró que en ese sentido, "la ministra del Interior (Carolina Tohá) tiene que dar explicaciones; vamos a citarla y tiene que esclarecer qué es lo que pasó en su círculo cercano: qué es lo que le aconsejaron a la víctima, por qué no se quería que se comunicara con el Ministerio de la Mujer, y por qué trataron de ocultar esta situación", aunque la diputada ya sospecha que "probablemente (lo hicieron) para encubrir, y eso no nos parece".
La diputada insistió en que "es algo tremendamente grave, daña las confianzas, y por cierto, pone en tela de juicio la continuidad de la ministra, desde nuestro punto de vista, porque ella tiene que responder políticamente".
