Marcela Sandoval (FA) dejó este lunes su cargo.
"Todas las acciones del Gobierno son objeto de una permanente evaluación política que le corresponde al Presidente de la República", explicó la ministra vocera, Aisén Etcheverry.
La militante de Frente Amplio (FA) Marcela Sandoval dejó este lunes su cargo como ministra de Bienes Nacionales, después del fallido proceso para comprar -por parte del Ejecutivo- la residencia del derrocado presidente Salvador Allende (1970-1973) en Providencia, inmueble del que la actual ministra de Defensa y nieta del otrora mandatario, Maya Fernández, es copropietaria.
En un escueto comunicado, la Dirección de Prensa de la Presidencia informó que el Presidente Gabriel Boric "ha solicitado la renuncia de la ministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval Osorio".
"El Presidente agradece el trabajo desempeñado por Marcela Sandoval", añadió.
En su lugar, "asume la subrogancia del cargo el actual subsecretario de Bienes Nacionales, Sebastián Vergara Tapia", concluyó la nota de prensa.
La ministra (s) vocera de Gobierno, Aisén Etcheverry, explicó en un punto de prensa que "es importante comprender que todas las acciones del Gobierno son objeto de una permanente evaluación. Se evalúan desde lo procedimental, desde lo legal, desde lo técnico y también desde lo político. La evaluación política le corresponde al Presidente de la República".
"Es por eso que, con total transparencia, como Gobierno durante el fin de semana pudimos explicar cuál había sido ese proceso, cuáles son sus etapas, cuáles son las acciones que se tomaron en cada una de esas etapas. La salida de la ministra Sandoval que el Presidente resolvió es claro de aquello", complementó.
La ministra Etcheverry también detalló que "se resolvió que la subrogancia también recae en el subsecretario Vergara, y ese es el resultado de la evaluación y decisión política que toma el Presidente de la República".
Allende vivió en dicha casa junto a su familia, siendo posteriormente heredada a Isabel Allende, quien se la vendió a sus sobrinos Alejandro y Maya Fernández, en 1998.
La compra de la propiedad, ubicada en Providencia, provocó una ola de críticas hacia el Gobierno, especialmente de Chile Vamos: parlamentarios denunciaron un posible conflicto de interés y anunciaron que recurrirían a la Contraloría General de la República para frenar la adquisición.
Durante la tarde del viernes, el Ministerio de Bienes Nacionales informó que el Gobierno desistió de realizar la compra "debido a la actual estructura de copropiedad de la comunidad de herederos del expresidente Allende".
En el Congreso valoraron la decisión del Presidente Boric de pedir la renuncia de la ahora exministra Sandoval.
"Por primera vez, el Presidente de la República hace valer una responsabilidad política pidiéndole la renuncia -ante nuestra presión- a la ministra de Bienes Nacionales", dijo el diputado UDI Gustavo Benavente.
Su par Álvaro Carter, sin embargo, fue más allá y solicitó que "la ministra (de Defensa), Maya Fernández, también salga del Gobierno. Ella conocía la norma y aún así decidió seguir adelante con el curso de la venta del inmueble que está a nombre de ella y de otra parlamentaria".
Henry Leal (UDI) complementó que "nos hemos enterado, con sorpresa y estupor, que el contrato de compraventa estaba firmado por el Fisco de Chile y por los herederos, donde está la ministra de Defensa. Hay un vale vista que se depositó en una notaría, aquí se configura absolutamente una inhabilidad constitucional para que la ministra de Defensa siga en su cargo, eso es evidente. Los instrumentos tenemos que verlos, puede ser una acusación constitucional o un requerimiento al TC".
Por su parte, Andrés Longton (RN) sostuvo que "con la senadora Allende es exactamente lo mismo, tiene la misma prohibición. Si ella hubiera suscrito el contrato o alguien en su representación, la norma es clara, dice 'cesará en el cargo' y esto lo revisa el Tribunal Constitucional".
Desde la otra vereda, el senador socialista Gastón Saavedra manifestó que "cuando hay errores políticos, se tienen que asumir. En este caso, además se compromete el honor del (ex)presidente Allende, lo que para los socialistas es un tema. Por lo tanto, me parece apropiado lo que acaba de hacer el Mandatario, de pedirle la denuncia a la ministra".
Desde el FA, la diputada Gael Yeomans recalcó que "ya las responsabilidades están tomadas, así de simple, las responsabilidades están tomadas y las decisiones también lo están. De hecho, es más, ya sabemos que esto fue revisado inclusive por la Contraloría, por el Ejecutivo. Las prevenciones y las decisiones ya están tomadas, estamos hablando de que salió una ministra de su cargo, esa es suficiente responsabilidad política".
Andrés Giordano, diputado del FA, recordó que "quiero volver a poner el acento en algo, la Contraloría General de la República fue absolutamente clara en dar curso a un procedimiento que estimaron estaba ajustado a derecho".
En el Gobierno no admiten explícitamente una vulneración específica en la gestión de la exministra Sandoval en términos constitucionales, pero sí reconocen que se cometió "un error político".
"La gestión de Gobierno está radicada en ese ministerio y el Presidente decidió valer ahí la responsabilidad. Claramente, esto es algo que no debió haber sucedido", dijo la ministra del Interior, Carolina Tohá.
"Por eso el Presidente tomó la decisión que se ha conocido las últimas horas. Tiene que ver con una responsabilidad política, no con un error personal", añadió la autoridad.
En su salida de La Moneda, Sandoval dijo que "me voy muy tranquila, pude despedirme de todos los funcionarios, recorrí todos los pisos del ministerio y estamos contentos de alguna manera, porque hicimos grandes cosas por los derechos humanos, la recuperación de sitios y el Plan de Emergencia Habitacional".
