La Defensoría de la Niñez alertó sobre el preocupante aumento "significativo y sostenido" de casos de explotación sexual infantil y de la tasa de víctimas, que en su mayoría afectan a niñas y adolescentes mujeres.
Basándose en el número de denuncias ingresadas a Fiscalía, el Observatorio de Derechos de la institución arrojó que, entre los años 2022 y 2024, las acciones legales aumentaron 73%, con especial impacto en víctimas femeninas de 14 a 17 años.
Asimismo, en el periodo señalado, la tasa de víctimas por cada 100.000 niños, niñas y adolescentes creció 89% en delitos de obtención y facilitación, y 59% en los vinculados a material abusivo.
En tanto, en el año 2024 se contabilizó un total de 858 afectados y las tasas más altas se registraron en Magallanes (165), Ñuble (74,8) y Los Ríos (47,7).
Del total de víctimas, 90% corresponde a niñas y adolescentes mujeres, mientras que el 82% tiene entre 14 y 17 años.
Con los datos, "se confirma una tendencia al alza que la Defensoría califica como altamente preocupante", dijo el organismo en un comunicado.
Por ello, Defensoría llamó a fortalecer la prevención, garantizar una persecución penal efectiva y consolidar mecanismos de protección especializada, además de destacar la relevancia de que Chile adhiera al Convenio de Lanzarote, primer tratado internacional dedicado específicamente a la protección de niños, niñas y adolescentes frente a la violencia sexual.
Problema en expansión, sobre todo en entornos digitales
"Se evidencia una problemática estructural en expansión, especialmente en entornos digitales, y refuerza la necesidad de respuestas coordinadas, preventivas y especializadas por parte del Estado", indicó, en la misma línea, el defensor de la Niñez, Anuar Quesille.
En ello concordó Maurizio Sovino, director de la Unidad Especializada en Delitos Sexuales del Ministerio Público: "Nos preocupa profundamente el aumento de las denuncias, y por eso hemos fortalecido el trabajo conjunto con las unidades policiales y el intersector, junto con avanzar en la formación especializada de fiscales".
"Las cifras demuestran que aún se requieren medidas estatales más robustas para prevenir estos crímenes e intervenir de manera efectiva a las víctimas", añadió.
