Diversos cuestionamientos han surgido en torno a la plataforma digital de Fiscalía, ya que solo acepta archivos de hasta 5 MB, lo que vuelve prácticamente imposible enviar pruebas clave como grabaciones de alta calidad.
La situación se conoció tras una denuncia del ingenieron Tomás Rivera en El Mercurio, quien experimentó dificultades al intentar enviar videos de cámaras de seguridad al Ministerio Público.
Abogados y especialistas advierten que este tipo de limitaciones son frecuentes. Alejandro Espinoza, presidente de la fundación Amparo y Justicia, señaló que: "Desincentiva las denuncias, pues se trata de un sistema poco amigable y que requiere bastante esfuerzo y tiempo para poder familiarizarse con él".
La fiscalía utiliza desde hace años el Sistema de Apoyo a Fiscales (SAF), que, según usuarios, no ha sido actualizado pese al avance de los procesos digitales. Un intento por reemplazarlo mediante el proyecto de Red de Gestión Penal (RGP), que costó $7 mil millones, fue descartado tras detectarse múltiples fallas.
El exfiscal y abogado penalista Carlos Gajardo aseguró que "se gastaron $7 mil millones para una nueva red informática de gestión penal que terminó en un fracaso y con una investigación penal", agregando que el actual sistema "ralentiza la resolución de delitos y, por lo tanto, burocratiza el sistema".
Catherine Lathrop, abogada penalista, también cuestiona que la digitalización total sin un soporte técnico adecuado complica aún más los procesos judiciales. "Presenta una mayor complejidad, muchas veces hay que acompañar materialmente la evidencia", explicó.
Desde el Ministerio Público se sostiene que existen vías alternativas para ingresar evidencias, como las oficinas de atención presencial. Sin embargo, víctimas y profesionales coinciden en que el actual sistema necesita una actualización urgente para no convertirse en un nuevo obstáculo para el acceso a la justicia.
