El jefe comunal presentó un recurso de protección enfatizando que "no se sostiene dos segundos que esto es una ampliación".
El proyecto que también fue resistido por la ex alcaldesa de Santiago Irací Hassler en su momento.
El alcalde de Santiago, Mario Desbordes presentó un recurso de protección en contra del Ministerio de Vivienda por la construcción de la nueva cárcel de máxima seguridad que anunció el Gobierno en la comuna.
"Seguimos insistiendo en instalar esto en el corazón de la capital de Chile", criticó Desbordes quien enfatizó que "eso contraviene una serie de recomendaciones técnicas. En lo jurídico, no es efectivo que se trate de una ampliación de una cárcel".
"No se sostiene dos segundos que esto es una ampliación. Se trata de un nuevo recinto penitenciario y, en ese contexto, debe pasar por los permisos del municipio trámites de evaluaciones de impacto ambiental y una serie de otras medidas más y es lo que nos ha movido a interponer ese recurso protección", enfatizó.
Luis Astudillo, alcalde de Pedro Aguirre Cerda, quien también se ha mostrado en contra de esta medida comentó que "en este lugar donde pretende instalarla nuestro Gobierno es un lugar que no reúne condiciones. Conocemos muy de cerca las externalidades negativas que provocan estos recintos en nuestras comunidades. A nosotros nos hace pensar de que es un error el que está cometiendo el Gobierno".
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos presentó este lunes el Plan Maestro de Infraestructura Penitenciaria 2022-2030 que, a través de una millonaria inversión, contempla la habilitación de 14 mil nuevas plazas para mejorar y ampliar recintos actuales o la creación de nuevos centros penales.
El titular de Justicia, Jaime Gajardo (PC), explicó que "en el caso de Santiago 1 son -en general- 1.600 plazas nuevas, y de esas 1.600 plazas nuevas hay plazas de máxima seguridad, que van a constituir un módulo de máxima seguridad, que es una cárcel dentro de la ampliación propiamente tal, que sería la cárcel de alta y máxima seguridad".
El Minvu trabaja en la redacción de un Decreto Supremo, y tras la publicación en el Diario Oficial habrá un plazo de seis años para comenzar con las obras.
Este es un proyecto que también fue resistido por la ex alcaldesa de Santiago Irací Hassler en su momento.
