Sebastián Urra, director de Gendarmería, dijo que el sistema funciona, pero que los reos han buscado formas de evitar las restricciones.
"Gravísimo" y "vergonzoso" dijeron los parlamentarios al conocer el informe.
Contraloría detectó que solamente 10 recintos penitenciarios de régimen cerrado administrados por Gendarmería cuentan con inhibidor de señales de telefonía celular, además de percatarse de una serie de vulneraciones al sistema.
De acuerdo a un informe dado a conocer este miércoles, se trata de ocho establecimientos concesionados y dos de administración tradicional, correspondientes al 12,7 por ciento del total de los centros del país.
El sistema utilizado se denomina "Guardian" y fue contratado a las empresas Informática Tier1 SpA y Septier Communication LTE, comenzando su operación en abril de 2024 por un periodo de 36 meses, con un valor de $5.654.880.000.
Sin embargo, tras realizar una serie de revisiones, se detectó que "aun cuando un dispositivo móvil se encuentre bloqueado por el sistema, este puede conectarse a internet a través de señales Wifi, situación que conlleva el riesgo de que la población penal pueda mantener conectividad de datos con el exterior".
Ante esta situación, Contraloría instruyó a Gendarmería "confeccionar e implementar un procedimiento formal de revisión del funcionamiento del aludido sistema, el cual debe considerar la validación periódica en terreno de, a los menos, aspectos tales como: tiempo de detección e identificación de dispositivos, la cobertura de alcance del aplicativo, que los equipos bloqueados 'lista negra' no tengan accesos a telefonía móvil y conexión a internet. Además, dicho procedimiento debe contener las acciones correctivas que se deban efectuar cuando se detecten diferencias y/o irregularidades".
Además, la institución deberá "informar las medidas o acciones correctivas que la entidad penitenciaria efectuará para mitigar los riesgos provenientes de que equipos bloqueados puedan conectarse a redes Wifi", en un plazo de hasta 60 días hábiles.
Sebastián Urra, director nacional de Gendarmería, fue "tajante con que el sistema de gestión de bloqueo funciona tal cual como se concibió y está plenamente vigente en el cuadrante y en cada uno de los establecimientos en cual está aplicando el bloqueo, conforme a lo que se solicitó".
"Si un teléfono que está al interior está en uso o está funcionando es porque debe estar recién llegado al establecimiento penal, o porque el aparato fue lanzado desde el exterior, y por esa forma de actuar podría tener unos instantes para poder usarlo hasta que no se aplique el sistema de gestión de bloqueo", añadió.
Sin embargo, Urra dijo que no puede referirse en detalle a cómo opera el sistema de inhibición de señales por un tema de seguridad, pero afirmó que todos los días se registran las celdas para retirar celulares, pues a pesar de la intervención del Gobierno, estos aparatos son comunes en las cárceles.
Gendarmería complementó que, a la fecha, más de 51 mil chips han sido bloqueados desde que se implementó este mecanismo, mientras que los teléfonos y módem inhibidos superan los 32 mil. No obstante, el informe de Contraloría advierte que los presos suelen intercambiar los chips y reiniciarlos constantemente para eludir las restricciones.
"Llama profundamente la atención que, cuando estamos en medio de la crisis más compleja en materia de delincuencia, el crimen organizado y el narcotráfico operen desde las cárceles", comentó el presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara, Miguel Ángel Calisto (Demócratas), relevando que "eso ha quedado demostrado con un inhibidor que el Gobierno compró, de 5.600 millones de pesos, con un contrato a 36 meses, que no funciona".
El parlamentario enfatizó que "esta es una situación compleja y grave, y por eso, vamos a citar al señor ministro de Justicia (Jaime Gajardo), y también al director de Gendarmería, para que den explicaciones respecto de estos hechos" ante esa instancia.
También desde el Congreso, el diputado Andrés Longton (RN) dijo que este hallazgo "es escandaloso, todo el país pensaba que los inhibidores de las cárceles estaban funcionando plenamente. Recordemos que era el sistema que más protección daba a nivel mundial, es decir, era lo top en tecnología y resulta que hoy día los presos siguen delinquiendo de la misma manera en que lo hacían antes".
"Vulneraron el sistema y parece que lo vulneraron con mucha facilidad, y no solamente lo grave es esto, sino que esto le está costando al Estado 5.600 millones de pesos en un contrato de 36 meses", cuestionó.
El senador Pedro Araya (PPD) comentó que "es gravísimo el informe de Contraloría, básicamente porque una de las soluciones más importantes contra el crimen organizado es el aislamiento y la utilización correcta de inhibidores de señal".
"Esto que fue una inversión muy cuantiosa, que era anunciada con bombos y platillos, no está resultando, y aquí el llamado es a que Gendarmería ejerza todas las acciones legales contra el proveedor, porque hay un servicio que se está prestando y no está funcionando", aseveró.
