El Ministerio Público busca la misma pena para su expareja Daniel Andrade, el exseremi Carlos Contreras y la exconcejal Paz Fuica.
La Fiscalía de Antofagasta pide penas de hasta 10 años de cárcel para los involucrados en el caso Democracia Viva, entre los que se incluye la diputada Catalina Pérez (FA).
En la acusación -de más de 230 páginas- dada a conocer este miércoles, el Ministerio Público pide una pena de 10 años y un día de presidio mayor en su grado mínimo para la parlamentaria, su expareja Daniel Andrade, el exseremi Carlos Contreras y la exconcejal Paz Fuica.
En el texto se exige también el pago de una "multa de la mitad del perjuicio causado, inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena".
El abogado querellante Pablo Tolosa explicó que la acusación "corresponde por dos delitos: fraude al fisco y lavado de activos. Estamos conformes con esta calificación como también la pena solicitada" a los cuatro imputados.
"Esto ha sido una investigación larga, llevamos dos años desde que esta parte querellante presentó la primera acción. Nos adherimos a esta acusación como también a las personas porque es un delito de mayor gravedad", aseveró.
El proceso vincula los convenios firmados por el Estado en la región con las fundaciones Democracia Viva (426 millones de pesos), Fibra (430 millones de pesos), Fusupo (284 millones de pesos) y Tomarte (456 millones de pesos).
La causa unificada tiene a otras tres personas acusadas.
Carlos Medina, abogado de Pérez, afirmó que la acusación "es completamente desproporcionada y deja más dudas que certezas sobre alguna intervención de la diputada Pérez en la gestión de los convenios".
"Ella (Pérez) jamás ha cometido un delito. No hay un peso de la plata de los convenios que haya llegado a ella. Es tiempo de que hablen las pruebas que demuestran su total inocencia", añadió.
Mientras, el abogado de Contreras, Andrés Bustos, señaló: "Más allá de cuestiones que digan relación con aspectos que son muy cuestionables en atención a quienes podían cometer estos delitos de fraude del fisco, como lo hemos dicho muchas veces, nuestro representado no tenía la capacidad para poder designar él solo una fundación ni menos que se confirmara la fundación. Por lo tanto, nos parece que es totalmente desproporcionado".
Se espera que el tribunal acoja la acusación por parte del Ministerio Público y fije una fecha para la próxima audiencia.
Desde el Congreso, diputados por Antofagasta, como el presidente de la Cámara Baja, José Miguel Castro (Renovación Nacional), y Yovana Ahumada (Partido Social Cristiano), comentaron esta acusación y destacaron el trabajo del Ministerio Público.
"La Fiscalía está actuando en base a los conocimientos que ya tiene. No me toca a mí juzgar a las personas que van a ser juzgadas el día de mañana, pero, sin duda, veo que ha llegado y se ha puesto a tono con lo que quiere la ciudadanía, que es tener a las personas frente a la justicia para de esa forma tomar las acciones necesarias", sostuvo Castro.
"Por fin vamos a ver a las personas que son responsables en este caso tras las rejas y no a través de clases de ética. Yo creo que eso habla del buen trabajo que se ha realizado de parte de la Fiscalía, de lo contundentes que son las pruebas y los respaldos y todas aquellas personas que son responsables que queden tras las rejas y de una vez por todas le demostremos a la ciudadanía que las cosas se pueden hacer bien", opinó Ahumada.
