"Sigo amando al Poder Judicial", afirmó la magistrada, cuestionada por su rol en la liberación del presunto sicario del "Rey de Meiggs".
La investigación judicial continúa para esclarecer la cadena de errores que permitió la liberación de Alberto Mejía Hernández.
Luego que el Poder Judicial decidiera suspenderla de sus funciones durante un mes, la jueza Irene Rodríguez, cuestionada por haber dejado en libertad al presunto sicario del "Rey de Meiggs", decidió referirse públicamente a la resolución en su contra.
La medida, anunciada este sábado, generó una intensa reacción tanto política como institucional.
Durante la jornada en que se dio a conocer la sanción, Rodríguez se mantuvo en su domicilio, el cual fue acordonado por personal policial en horas de la noche. No fue sino hasta este domingo por la tarde que la magistrada habló por primera vez, defendiendo su trayectoria y deslindando responsabilidades sobre el error que permitió la liberación de Alberto Mejía Hernández.
"No puedo asegurarles qué va a pasar con la resolución final. Lo que sí puedo decir es que yo estoy muy tranquila en ese sentido, y que yo siempre he trabajado con muchas ganas en el Poder Judicial; yo amo al Poder Judicial y lo sigo amando", afirmó Rodríguez.
Según explicó, no ha participado de nuevas diligencias desde la audiencia en la que se generó la controversia: "Mi último oficio fue la orden de una prisión preventiva que termina en un número 79, firmado a las 8:28 de la audiencia, y desde ahí nunca más he firmado un oficio hasta el día de hoy".
También se refirió a uno de los puntos más sensibles del caso: el error en la identificación del imputado. "En el documento que firmé, el nombre del presunto sicario ya estaba mal escrito, y desconozco quién cometió el error", aseveró.
En cuanto a la investigación que lleva adelante el Poder Judicial, Rodríguez manifestó que la medida de suspensión "es lo que corresponde" mientras se esclarecen los hechos. "Ni siquiera yo conozco la investigación. Yo sé lo que dije esa noche, no tengo nada más que decir", concluyó.
La indagatoria sigue su curso bajo la dirección de la persecutora del tribunal Clara Carrasco, mientras que el proceso penal asociado está a cargo del fiscal regional Marcos Pastén. Ambos buscan determinar responsabilidades dentro de lo que ha sido catalogado como una grave cadena de errores judiciales.
Desde la Comisión de Control del Sistema de Inteligencia del Estado de la Cámara, el diputado frenteamplista Jorge Brito dijo valorar "las medidas contra la jueza Rodríguez en esta cadena de irregularidades, en donde posiblemente, otras instituciones también tienen graves responsabilidades en haber liberado a este peligroso sicario".
"Si no actuamos con firmeza ahora, mañana podrá ser demasiado tarde", advirtió el oficialista.
En esa línea, su par republicano Stephan Schubert opinó que en este caso "tiene que haber prudencia, pero también se tiene que actuar con rapidez: determinar exactamente dónde estuvo el problema, y a qué se debió, y por supuesto, garantizar a la ciudadanía que no va a volver a ocurrir una situación tan confusa, tan extraña, y tan perjudicial para la seguridad".
En este contexto crítico, la Asociación Nacional de Magistrados presentó soluciones concretas para optimizar el sistema de tramitación penal, entre la que destaca el permitir la edición controlada de oficios para evitar confusiones al enmendar datos y establecer alertas automáticas sobre medidas pendientes.
A estas se suman la opción de habilitar conexión directa con Gendarmería e incorporar la biometría para imputados que cuentan con RUT provisorio.
Estas medidas buscan subsanar las falencias que hoy ponen en riesgo la seguridad pública y la credibilidad de las instituciones de justicia en Chile.
