Gremios de prensa "repudiaron categóricamente" los intentos de la fiscal jefe de Alta Complejidad de la Fiscalía Occidente, Paulina Díaz Obilinovic, de conseguir datos confidenciales de las comunicaciones de 11 periodistas que han cubierto el caso Hermosilla.
De acuerdo con Reportea, la persecutora trató de obtener, al menos tres veces, los registros de las llamadas telefónicas y la georeferenciación de los equipos celulares -entre otros datos- de reporteros de los medios La Bot, La Tercera, The Clinic, Reportea y Ciper.
Los hechos se originaron cuando Juan Pablo Hermosilla, abogado de Luis Hermosilla, interpuso una querella por el delito de revelación de secreto, ya que a cuentagotas se difundieron por la prensa los chats de su hermano, imputado por cohecho, tráfico de influencias, lavado de activos, delitos tributarios y otros ilícitos.
La causa fue designada al fiscal Metropolitano Occidente, Marcos Pastén, que la delegó en Díaz Obilinovic. Y ésta recurrió al Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago para obtener los datos confidenciales, lo que finalmente fue rechazado por la justicia el 27 de agosto.
En este contexto, en un comunicado, la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) repudió "categóricamente cualquier intento de vulnerar el secreto profesional y la reserva de la fuente periodística, pilares fundamentales para el ejercicio libre e independiente del periodismo y la salud de nuestra democracia".
En la misma línea, la Federación de Medios expresó su más "profundo rechazo ante el grave precedente que esta acción judicial podría sentar para el ejercicio libre del periodismo en Chile".
"Vulneración a la reserva de la fuente informativa"
"Este tipo de solicitudes constituye una vulneración a la Ley 19.733 sobre las libertades de opinión e información y ejercicio del periodismo, que establece que que los profesionales de la prensa 'tendrán derecho a mantener reserva sobre su fuente informativa, la que se extenderá a los elementos que obren en su poder y que permitan identificarla y no podrán ser obligados a revelarla ni aun judicialmente'", prosiguió la Federación.
En suma, la ANP recordó que "el secreto profesional no es un privilegio personal de los periodistas, sino una garantía esencial para que las fuentes puedan entregar información de interés público sin temor a represalias".
"La ANP exige a las autoridades del Ministerio Público y del Poder Judicial el respeto irrestricto al mandato legal en esta materia. Es imperativo que se abstengan de incluir a profesionales de la prensa en actuaciones que busquen, directa o indirectamente, vulnerar la reserva de sus fuentes", exhortó.
"El periodismo no debe ser perseguido ni limitado por medidas intrusivas que puedan abrir espacio a la censura o al autocontrol forzado", concluyó, por su parte, la Federación de Medios.
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