Además de la suspendida jueza Irene Rodríguez, los imputados incluyen a siete funcionarios de Gendarmería y una funcionaria del tribunal, confirmó Fiscalía.
Nueve personas están siendo investigadas en calidad de imputadas por la liberación errónea de Alberto Carlos Mejía, el presunto sicario del "Rey de Meiggs", según confirmó el fiscal regional metropolitano Occidente, Marcos Pastén.
Los imputados incluyen a la suspendida jueza Irene Rodríguez, siete funcionarios de Gendarmería y una funcionaria del tribunal.
Rodríguez está siendo investigada por el delito de prevaricación culposa, y ya declaró ante la Fiscalía en calidad de imputada.
Según explicó Pastén, este delito se configura cuando un funcionario público toma una decisión o dicta una resolución a sabiendas de que es contraria a la ley, o cuando por negligencia no hace lo suficiente para evitar un perjuicio.
Diego Muñoz, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad del Desarrollo, señaló que, según el Artículo 125 del Código Penal, "los jueces son responsables de sus decisiones", lo que complica la defensa de la magistrada. "Por tanto, en ese caso, es importante tener en consideración que lo que haya resuelto el tribunal no podría culpar a otros si las cosas pudieran salir mal como ocurrieron", indicó el docente.
"La jueza (Rodríguez) se defiende, en este caso, culpando a Gendarmería. Es parte de lo que ella plantea, indicando que ellos debieron haber hecho un análisis quizás más de fondo, comparar los documentos, y llamar al tribunal si tenían dudas, indicando -o no- más bien de que podría tratarse de un error esa orden de libertad", explicó.
Por su parte, los siete funcionarios de Gendarmería podrían enfrentar formalizaciones por su eventual rol en la liberación.
Pablo Jaque, presidente de la Asociación de Gendarmes de Chile (Agech), expresó su "preocupación", argumentando que el personal de la institución tiene la obligación de ejecutar las resoluciones de los tribunales sin cuestionarlas.
Jaque destacó que los gendarmes son "obedientes y disciplinados" y que no deberían "poner en peligro su carrera" por acatar una orden legal.
"Yo espero que no se esté buscando jugar al empate respecto de las responsabilidades que existen en este tema", indicó.
El caso también incluye a una funcionaria del Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, quien es investigada por una posible falsificación de instrumento público, pues supuestamentamente fue ella quien redactó las comunicaciones que terminaron con la errónea liberación del imputado, que fueron firmadas posteriormente por la jueza.
Aunque los nueve individuos han sido confirmados como imputados, el fiscal aclaró que aún no se ha tomado una decisión sobre si se mantendrán los cargos para una eventual formalización o si la causa llegará a esa instancia.
