La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, acusó que la libertad condicional otorgada el martes a Mauricio Ortega, condenado a 18 años de cárcel por el ataque que cegó a su expareja Nabila Rifo en 2016, implica una "victimización secundaria" de la mujer.
Tras anunciar en la víspera que el Gobierno apelará el dictamen de la Comisión de Libertad Condicional de la Corte de Coyhaique, y que ya solicitaron reforzar las medidas de resguardo para Rifo, la ministra admitió: "Tenemos preocupación respecto a su seguridad, y respecto a la victimización secundaria que esto produce".
"Hay que recordar que, en su calidad jurídica, (el delito) ya fue rebajado desde femicidio frustrado a lesiones graves gravísimas. Una se pregunta: Si dejar a alguien sin vista con un golpe en el cráneo, en medio del frío del sur, no es femicidio frustrado, ¿qué lo es?", planteó la secretaria de Estado.
Fue justamente la recalificación del delito, determinada por la Corte Suprema en 2017, lo que permitió una reducción de la condena para Ortega, de 25 a 18 años, y por ende, que pudiese postular al beneficio carcelario tras cumplir un periodo más corto de esa pena.
No obstante, Orellana reiteró que "afortunadamente, desde esa época, hemos avanzado en la aplicación del tipo penal de femicidio frustrado, y cosas que antes se consideraban como lesiones graves, hoy se consideran como lo que son: ataques homicidas".
Por su parte, el ministro de Seguridad, Luis Cordero, afirmó que "el otorgamiento de este beneficio está en contra del propósito perseguido por la reforma que realizó el Congreso durante el año 2023 y 2024 al otorgamiento de la libertad condicional, en un caso en que además es obligatorio escuchar a la víctima".
"La situación del otorgamiento del beneficio es completamente excepcional y, en consecuencia, admite que se interpongan los recursos respectivos", agregó quien también fuera titular de Justicia.
Falta de perspectiva de género al adjudicar beneficios
Respecto a los requisitos para acceder a una excarcelación, Valentina Muñoz Pareja, socia de la Comisión de Derecho Penal de la Asociación de Abogadas Feministas (Abofem), observó: "Si Ortega hubiese sido condenado por femicidio frustrado, habría estado sujeto a la regla especial del Artículo 3 del Decreto Ley 321, que exige los dos tercios de cumplimiento efectivo antes de poder postular al beneficio".
Por otro lado, llamó la atención que en la última jornada, la Comisión de Libertad Condicional de Coyhaique diera a Ortega una calificación de 69,2, lo que es considerado de bajo compromiso delictual, y estimara que tiene una "conducta intachable".
La jurista apuntó que, en contraste, "Gendarmería emitió un informe psicosocial desfavorable, aun cuando Ortega cumplía requisitos formales de tiempo, y tenía un índice de compromiso delictual bajo. Y esto es relevante, porque los condenados por violencia de género suelen mostrar un índice de compromiso delictual bajo".
"Por esto, es fundamental que las Comisiones de Libertad Condicional incorporen una perspectiva de género en su análisis, entendiendo que los indicadores de una buena conducta, o de un bajo o alto compromiso delictual, no necesariamente reflejan una ausencia de riesgo para las víctimas", enfatizó Muñoz Pareja.
Apoyo del Congreso
"Apoyo la decisión de la ministra de la Mujer de presentar apelación a su libertad condicional", declaró, desde el Congreso, la diputada Claudia Mix (Frente Amplio), integrante de la Comisión de Mujeres y Equidad de Género.
Apuntó que, "en virtud de la crueldad y del efecto de este crimen sobre la sociedad, no correspondía que el tribunal le otorgara beneficios al agresor de Nabila Rifo".
Mientras, la diputada Carla Morales (Renovación Nacional), también miembro de la comisión, manifestó que "es indignante ver cómo el agresor de Nabila Rifo, Ortega, ha sido liberado. La justicia no puede permitir que individuos como él caminen libremente por la calle, representando además una amenaza para toda la sociedad".
"La decisión del Gobierno de apelar este fallo es lo mínimo que se espera en busca de un verdadero castigo acorde con la gravedad del delito. La impunidad en casos de violencia de género sólo perpetúa un ciclo de violencia y desprotección de las víctimas", sostuvo.
También desde la oposición, la diputada de la Comisión de Mujeres Natalia Romero (bancada UDI), expuso que "me parece una pésima señal que la justicia libere a un criminal que no tuvo ninguna consideración con una mujer, con una madre, y que cometió uno de los actos de violencia más brutales que recordamos en nuestro país. Es profundamente frustrante que, por un lado, estemos legislando para endurecer las penas y restringir los beneficios a los agresores de mujeres y niños, y que por otro lado la justicia esté otorgando libertades que van en la dirección contraria".
