El máximo tribunal allanó el camino para la formalización de la expresidenta de Revolución Democrática.
La Corte Suprema confirmó, por unanimidad, el desafuero de la diputada Catalina Pérez (exmilitante del Frente Amplio) en el marco del Caso Democracia Viva, una trama de fraude al fisco por $426 millones.
La resolución respalda el fallo previo, también unánime, de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, permitiendo que la Fiscalía avance con la formalización en su contra.
"Atendido el mérito de los antecedentes, y teniendo en consideración que las alegaciones vertidas, tanto en el recurso de apelación como en estrado, no desvirtúan lo que viene decidido, se confirma la sentencia de la Corte de Apelaciones de Antofagasta", sostuvo la vocera del máximo tribunal, María Soledad Melo.
Daniel Martorell, consejero del Consejo de Defensa del Estado (CDE), indicó en Cooperativa que el tribunal consideró las alegaciones de su propio organismo, de la Fiscalía y la defensa antes de ratificar el desafuero.
"El Ministerio Público tendrá que solicitar las medidas que, de acuerdo con su teoría del caso, son las que corresponden. Nosotros nos vamos a mantener con la calificación que ya hicimos de cómplice, y por lo tanto, no cabe duda de que dentro de esa calidad, la solicitud de cautelares personales es de menor envergadura que las asignadas a un autor. Ahora, si existe una diferencia entre lo que dice el Ministerio Público y el CDE, no es primera vez que ocurre, y es un tema de calificación jurídica nomás", anticipó el abogado.
Por su parte, el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro, confirmó que "próximamente, se solicitará al Juzgado de Garantía la audiencia de formalización, ocasión en que la Fiscalía comunicará a doña Catalina Pérez los cargos por los cuales está siendo investigada, y solicitará las medidas cautelares que correspondan".
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— Poder Judicial Chile (@PJudicialChile) April 7, 2025
La investigación afirma que Pérez intervino para beneficiar a la fundación Democracia Viva con fondos públicos, organización que era dirigida por su entonces pareja, Daniel Andrade, y vinculada con excolaboradores como Carlos Contreras y Paz Fuica, todos exmilitantes de Revolución Democrática (RD).
En contraste, el abogado defensor Gonzalo Medina aseguró que "los múltiples antecedentes de la carpeta de investigación apuntan en la dirección contraria, de que ella no tuvo ninguna intervención en la gestión y adjudicación de los convenios. No tuvo ninguna injerencia en ninguno de esos actos, y naturalmente, no tuvo ninguna forma de intervención punible en la celebración de los convenios".
Consultado sobre la posibilidad de reclusión de Pérez, el jurista observó que "la diputada ha colaborado permanentemente con la investigación, que se encuentra prácticamente agotada, no hay muchas diligencias más que hacer, y no creo que nadie esté pensando que se vaya a sustraer de los actos del procedimiento. La verdad, no tiene ninguna justificación que se solicite una medida cautelar de alta intensidad".
Con esta resolución, aunque seguirá percibiendo su dieta, la diputada pierde temporalmente sus privilegios legislativos, queda inhabilitada para participar en votaciones parlamentarias, puede ser procesada en procesos penales y su escaño no se visibilizará en el cómputo total de diputados.
