El presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco, se encuentra con protección policial 24/7 debido a una supuesta "amenaza de atentado" que están investigando la Fiscalía y las policías.
La advertencia al Poder Judicial surgió de Roberto Ossandón, hermano del senador Manuel José Ossandón (RN), presidente de la Cámara Alta.
"Una persona me puso en conocimiento de una lista de personas susceptibles de un atentado. Mi hermano estaba en la lista y el presidente de la Corte Suprema (también)", dijo al diario El Mercurio el abogado, exsecretario general de RN.
La indagatoria respecto a este presunto "plan criminal" contra autoridades recayó en el fiscal regional Metropolitano Sur, Héctor Barros, "debido a que su jurisdicción es la encargada de pesquisar amedrentamientos y amenazas a altos funcionarios públicos, ya sean directas -mediante redes sociales, panfletos u otros soportes- o indirectas", detalló el matutino.
Ossandón está citado a declarar ante la Fiscalía Metropolitana Sur este jueves, pese a que –según recopiló Cooperativa- no tiene la lista de nombres en su poder.
"Es la tercera autoridad del país"
Tras la publicación de la información periodística, el ministro Blanco "convocó a un pleno extraordinario (del máximo tribunal), con el objeto de poner en conocimiento de todos los ministros de esta situación", señaló el Poder Judicial.
"Hay una investigación reservada que se está llevando por el Ministerio Público, de la cual no tenemos ninguna información, no hemos preguntado nada. El señor presidente quiso convocar este pleno con el objeto de socializar la situación que se está viviendo, poner en antecedentes al tribunal pleno y contar respecto de las medidas de seguridad que al respecto él está teniendo", explicó, en un punto de prensa, la ministra vocera, María Soledad Melo.
En la cita, "por supuesto, nosotros conversamos del tema, pero no hemos adoptado ningún acuerdo ni nada más, sino que solamente (se buscó) tomar conocimiento", dijo Melo, que manifestó la preocupación de la Corte respecto al asunto.
El líder de la Corte Suprema "es la tercera autoridad del país: nuestro presidente es una autoridad relevante en nuestro sistema democrático y republicano. Por lo tanto, cualquier amenaza a su respecto es un tema para preocuparse, no solamente (por parte de) nosotros, sino que toda la ciudadanía. No podemos estar frente a situaciones de este tipo cotidianamente, y más aún cuando se trata de una autoridad de la relevancia que él tiene", enfatizó la ministra Melo.
Cordero advierte contra difusión de rumores falsos
Sin embargo, la postura del Gobierno ha sido de cautela y, en parte, de desmentido. Desde Colchane, el ministro Luis Cordero, jefe de la cartera de Seguridad, se refirió al caso, mencionando que la información sensible revelada por este medio no fue chequeada con el Ejecutivo.
El secretario de Estado fue más allá, desestimando la objetividad de los antecedentes conocidos hasta ahora, puesto que la persona que habría dado aviso y tendría la supuesta lista "no ha querido entregarla a las autoridades".
"La investigación se encuentra en curso. Sin embargo, de los antecedentes que dispone el Gobierno en la actualidad, hasta ahora no existe ningún antecedente objetivo sobre una real amenaza en esos términos. Lo que sí hay es de un tercero que aparentemente dispone de una información que se ha negado a entregarle a las policías", afirmó Cordero.
Frente a este panorama, advirtió públicamente que, "quien disperse rumores sobre la afectación a autoridades, siendo falsa, comete delito. Esa persona no ha querido declarar y se ha resistido a entregar esa información".
"Toda la otra información policial y de inteligencia que dispone el Estado de Chile sobre este punto, señala que esa información no es cierta", puntualizó la autoridad, que advirtió también que se tomarán acciones contra quien comenzó este caso si estas acusaciones tienen el objetivo de "generar conmoción pública".
Asociación de Magistrados profundiza protocolo para actualizar medidas de seguridad
La presidenta (s) de la Asociación de Magistrados, Paulina Rodríguez, profundizó a raíz de esta situación que trabajan junto al máximo tribunal en la actualización de las medidas de seguridad de los ministros en vistas de la nueva criminalidad.
"El resguardo de la independencia judicial, principio que se ve afectado con cualquier amenaza externa. En aras del resguardo de la seguridad de jueces y juezas, esta Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados, en un trabajo coordinado con la excelentísima Corte Suprema, ha buscado por medio de un protocolo a establecer medidas de seguridad reales y presentes a los tiempos actuales", planteó.
