La Fiscalía decidió no perseverar en la investigación que abrió a inicios de año a propósito del polémico y fallido proceso de compraventa de la casa del expresidente Salvador Allende ubicada en calle Guardia Vieja 392, en la comuna de Providencia.
La indagatoria, a cargo del fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, buscó eventuales delitos de tráfico de influencias y fraude al fisco, e incluyó la toma de declaraciones, en calidad de imputados, a la exsenadora Isabel Allende, a la exministra Maya Fernández (descendientes ambas de Salvador Allende) e incluso al Presidente Gabriel Boric.
El Ministerio Público informó este lunes, mediante un comunicado, que ya ingresó al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago un escrito informando su decisión de no seguir adelante con la causa, debido a que "no se dispone, por ahora, de antecedentes que permitan sostener una imputación contra personas determinadas", sin perjuicio de que éstos pudieran surgir en el futuro.
Detalló además que el trabajo en esta causa comprometió a la Unidad de Análisis Criminal, Crimen Organizado y Alta Complejidad del Ministerio Público, e incluyó entrevistas a 42 testigos (principalmente del Gobierno y Contraloría) y 10 imputados; junto con la revisión de documentos, correos electrónicos, pendrives y discos duros, entre otros.
A través de una declaración pública, la familia Allende sostuvo que: "Hemos tomado conocimiento del cierre de la investigación por parte de la fiscalía sobre el proyecto de la casa museo Allende y que se desestimaron todas las imputaciones".
"Este proceso ha sido doloroso, pero como familia estamos conformes porque la investigación reafirma lo que siempre hemos dicho: que no cometimos ningún delito, que jamás hemos recibido ningún pago y que apoyábamos el proyecto del gobierno de la casa museo Salvador Allende", valoraron.
La abogada Paula Vial dijo que "luego de una acuciosa investigación, el fiscal regional Patricio Cooper y su equipo confirmaron que no existió delito alguno en la fallida gestión del proyecto de casa museo Salvador Allende. La comunicación de esta noticia confirma lo que señalamos desde un principio, que mis representadas no cometieron delito alguno y que la familia fue expuesta injustamente, cuestionando su honra".
Más allá del plano penal, en el ámbito político la cuestionada operación de compraventa -que involucró más de 900 millones de pesos- significó un duro golpe para el Gobierno y para el oficialismo.
Motivó la "caída" de dos ministras (Maya Fernández, del PS, y Marcela Sandoval, del Frente Amplio) y la destitución de la senadora Allende por parte del Tribunal Constitucional.
Críticas de la oposición
Tras conocer esta decisión, el diputado Gustavo Benavente (UDI) dijo que "no nos extraña", porque —aseguró— "todos los funcionarios de Gobierno que han declarado tienen un pacto de silencio para proteger a la propia familia Allende e, incluso, para proteger hasta el propio Presidente de la República".
Desde RN, Andrés Longton lamentó que "no se haya profundizado respecto de las implicancias de quienes participaron directamente en esto y que apuraron la operación, y con ello presionaron deliberadamente a funcionarios para que visaran documentos que eran abiertamente inconstitucionales".
"Si la negligencia o la incompetencia fueran delitos estarían todos condenados", añadió.
A su vez, el republicano Juan Irarrázaval admitió que esta decisión "es un balde de agua fría", aunque cuestionó que se tomara en "la misma Fiscalía que hoy está encabezada nada más y nada menos que por un compadre del ministro del Interior", el militante socialista Álvaro Elizalde, que además es padrino de uno de los hijos de Ángel Valencia.
"Por eso, nos preocupa de sobremanera la independencia y las señales que nos está dando la Fiscalía en estos casos", alertó.
Senador socialista acusa "injusticia" contra Isabel Allende
Por su parte, el senador socialista Tomás de Rementería, que reemplazó a Isabel Allende después de que fuera cesada en el cargo, aseveró que "ha sido una conducta permanente generar estas investigaciones judiciales que después quedan en nada".
"Hubo una situación bastante grave que se persiguió políticamente y ahora vemos que la decisión de la Fiscalía reivindica la injusticia que se hizo con Isabel Allende", lamentó el parlamentario.
