La Fiscalía decidió no perseverar en la investigación que abrió a inicios de año a propósito del polémico y fallido proceso de compraventa de la casa del expresidente Salvador Allende ubicada en calle Guardia Vieja 392, en la comuna de Providencia.
La indagatoria, a cargo del fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, buscó eventuales delitos de tráfico de influencias y fraude al fisco, e incluyó la toma de declaraciones, en calidad de imputados, a la exsenadora Isabel Allende, a la exministra Maya Fernández (descendientes ambas de Salvador Allende) e incluso al Presidente Gabriel Boric.
El Ministerio Público informó este lunes, mediante un comunicado, que ya ingresó al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago un escrito informando su decisión de no seguir adelante con la causa, debido a que "no se dispone, por ahora, de antecedentes que permitan sostener una imputación contra personas determinadas", sin perjuicio de que éstos pudieran surgir en el futuro.
Detalló además que el trabajo en esta causa comprometió a la Unidad de Análisis Criminal, Crimen Organizado y Alta Complejidad del Ministerio Público, e incluyó entrevistas a 42 testigos (principalmente del Gobierno y Contraloría) y 10 imputados; junto con la revisión de documentos, correos electrónicos, pendrives y discos duros, entre otros.
A través de una declaración pública, la familia Allende sostuvo que: "Hemos tomado conocimiento del cierre de la investigación por parte de la fiscalía sobre el proyecto de la casa museo Allende y que se desestimaron todas las imputaciones".
"Este proceso ha sido doloroso, pero como familia estamos conformes porque la investigación reafirma lo que siempre hemos dicho: que no cometimos ningún delito, que jamás hemos recibido ningún pago y que apoyábamos el proyecto del gobierno de la casa museo Salvador Allende", valoraron.
Más allá del plano penal, en el ámbito político la cuestionada operación de compraventa -que involucró más de 900 millones de pesos- significó un duro golpe para el Gobierno y para el oficialismo.
Motivó la "caída" de dos ministras (Maya Fernández, del PS, y Marcela Sandoval, del Frente Amplio) y la destitución de la senadora Allende por parte del Tribunal Constitucional.
