Luego de que la Corte de Antofagasta aprobara la medida, su defensa anunció que apelará ante la Corte Suprema.
Luego de que este lunes la Corte de Apelaciones de Antofagasta aprobara la solicitud de desafuero contra la diputada Catalina Pérez, exmilitante del Frente Amplio, queda una serie de pasos para que esta medida se haga efectiva, pues su defensa anunció que apelaría ante la Corte Suprema.
Se espera que tras el veredicto unánime del tribunal de alzada, el próximo 20 de febrero se publique la sentencia, tras lo cual los representantes de la legisladora tendrán cinco días hábiles para presentar su apelación como último recurso judicial.
Pérez es investigada por la Fiscalía de Antofagasta por su eventual rol en el caso de Democracia Viva, fundación ligada a varios exmilitantes de Revolución Democrática (hoy parte del Frente Amplio) que está acusada de suscribir convenios por cerca de 426 millones de pesos con la Seremi de Vivienda y Urbanismo de Antofagasta, en un entramado que, según el Ministerio Público, benefició económicamente a personeros de esa colectividad, entre ellos Daniel Andrade, expareja de la legisladora, y Carlos Contreras, su exjefe de gabinete.
El abogado de Pérez, Gonzalo Medina, criticó el fallo de la Corte de Apelaciones: "No compartimos la decisión, y obviamente, recurriremos de apelación a la Excelentísima Corte Suprema. Este desafuero no se sustenta y no cumple con estándares jurídicos. Esto no es una condena. Jamás se ha resuelto un desafuero en el lapso de tres horas".
En caso de que el máximo tribunal confirme lo resuelto por la Corte de Antofagasta, con el fallo a firme y ejecutoriado, Pérez quedará inhabilitada para votar y participar en sesiones de sala y de comisiones. Además, "su escaño se resta del número total de parlamentarios para calcular las mayorías necesarias para la aprobación de leyes", explicó el abogado constitucionalista Mauricio Daza a La Tercera.
Pese a ello, agregó el experto, puede seguir recibiendo su dieta de forma íntegra, además de todos los montos establecidos para asignaciones parlamentarias, los cuales se asocian a gastos de asesores, transporte, arriendo de sedes, entre otros.
Y el abogado Jaime Bassa expuso que "el artículo 419 del Código Procesal Penal señala que el diputado o senador que quedará suspendido en su cargo, solo una vez que sea comunicada la sentencia definitiva de la Corte que declara el desafuero. Por lo tanto, mientras eso no ocurra la diputada no puede ser suspendida de sus funciones y seguirá ejerciendo su cargo hasta que la justicia no haya agotado todas las instancias".
El fiscal Cristián Aguilar, encargado de este caso, dijo que esperará lo que diga la Corte Suprema para pedir la formalización y medidas cautelares para la parlamentaria, las que "se evaluarán en su oportunidad".
El vicepresidente de la Cámara Baja, Eric Aedo (DC), sostuvo que "si la Corte Suprema ratifica el desafuero entonces obviamente la Corte Suprema notificará a la Cámara de Diputados, a través de su secretario general, de la resolución, y se harán las adecuaciones necesarias para que no impacte esto en las votaciones que requieren quórum constitucional".
"Esta es una situación difícil, dolorosa, pero por dolorosa que sea, dejemos que las instituciones funcionen y no permitamos que en nuestro país la corrupción siga avanzando", añadió.
Desde el gobierno, la ministra del Interior, Carolina Tohá, manifestó que "todos hemos sido golpeados el último año por casos de corrupción que se han conocido, el caso Audios con todas sus ramificaciones a distintos lados, los rebotes que tuvo el caso Convenios, los distintos casos de corrupción municipal. La verdad es que no debiera extrañarnos que eso impacte en la percepción de la corrupción".
"Sabemos todos los días, no solo de denuncias, sino que de investigaciones, de formalizaciones, de juicios, de prisiones preventivas de personas que quizás algún tiempo atrás parecían intocables y hoy día ya no lo son. Así se combate la corrupción, metiéndola debajo de la alfombra no", dijo.
