El Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una querella criminal contra el exfiscal Manuel Guerra y el abogado Luis Hermosilla por su participación en delitos de soborno, cohecho, prevaricación administrativa y revelación de secreto.
El otrora persecutor, quien lideró la Fiscalía Metropolitana Oriente entre 2015 y 2021, es indagado por el Ministerio Público por presuntamente haber entregado información al penalista -que está en prisión preventiva desde finales de agosto por el caso audio-sobre diligencias de alta connotación pública.
La acción del CDE, interpuesta ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, acusa a Guerra y Hermosilla de mantener contactos constantes y abordar asuntos reservados en casos como Exalmar, Penta y Dominga, que involucraban al fallecido expresidente Sebastián Piñera o a cercanos y colaboradores suyos, y cuyas investigaciones y antecedentes eran secretos.
El organismo señaló que, "de acuerdo con los antecedentes contenidos en la investigación, el querellado Manuel Guerra 'entregaba de forma permanente al querellado Luis Hermosilla información que era obtenida en razón de su calidad de Fiscal Regional, de las causas, conversaciones y decisiones internas respecto de las mismas al interior del Ministerio Público, directamente relacionadas y que afectaban investigaciones penales abiertas. Asimismo, y en este mismo contexto ilícito, adoptó en su calidad de persecutor resoluciones manifiestamente injustas, contrarias a derecho y con infracción a los deberes de su cargo'".
"Lo anterior, en el contexto de una larga relación que habría permitido que Guerra en su calidad de Fiscal Regional adoptara decisiones 'no por consideraciones técnicas o jurídicas, sino justamente en razón de la vinculación que existía entre los querellados', solicitando incluso, a cambio de sus gestiones, diversos beneficios económicos tanto para sí como para terceros", concluyó el CDE.
SIMILITUD CON QUERELLA DE ABOGADOS HORVITZ Y DAZA
La acción penal del CDE es similar a la querella presentada hace algunas semanas por los abogados Mauricio Daza y María Inés Horvitz -quienes fueron querellantes en el caso Penta-, también debido a la presunta incidencia de Hermosilla -a través del exministro del Interior Andrés Chadwick- en el actuar de Guerra.
A raíz de ello, Horvitz -otrora consejera del CDE- alabó al organismo estatal: "Me complace saber que la institución a la cual pertenecí y que fue ilícitamente excluida del caso Penta en razón de actos de corrupción del exfiscal Guerra y de Luis Hermosilla, ha resuelto intervenir y perseguir las responsabilidades penales correspondientes por los mismos delitos imputados por nosotros", dijo.
La jurista recordó que Guerra, como fiscal a cargo del caso Penta, decidió eliminar los delitos de soborno en la imputación contra Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, excluyendo así al CDE del proceso penal. Así las cosas, la causa concluyó con procedimientos abreviados y condenas a libertad vigilada, el pago de multas y las cuestionadas clases de ética.
¿SE PODRÍA REABRIR EL CASO PENTA?
Con la existencia de dos querellas vinculadas a un presunto actuar ilícito de Guerra, ha surgido la duda sobre si pudiera reabrirse el caso Penta.
A juicio de José Antonio Villalobos, otrora jefe de Alta Complejidad de la Fiscalía Metropolitana Oriente, ese camino es poco probable, a diferencia de una eventual formalización a Guerra.
"Es difícil que, habiendo una sentencia condenatoria, definitiva y que haya cosa juzgada, que esto se pueda revertir, salvo que exista una investigación muy acuciosa para determinar que aquí hubo un fraude procesal. Entonces, en virtud de eso, quizás (se podría) revertir esas decisiones judiciales a través de un eventual recurso de revisión, por ejemplo, ante la Corte Suprema, para que estas causas se puedan reabrir y eventualmente investigar de una forma adecuada", expuso.
No obstante, "yo lo veo difícil", enfatizó.
En cambio, "veo más bien en el fondo una posibilidad de obtener una sanción penal en contra de quien obró de manera ilegal a cargo de una investigación, y por lo tanto, me parece que ese sería el curso a seguir de una investigación que probablemente se va a formalizar próximamente, y en la que se van a disponer -eventualmente- medidas cautelares que puedan ir incluso hasta la prisión preventiva", sostubo el abogado.
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