El Juzgado de Garantía de Antofagasta determinó este lunes la reapertura de la investigación en la arista Democracia Viva, del bullado caso convenios, otorgando un plazo adicional de 45 días para llevar a cabo nuevas diligencias solicitadas por la defensa del imputado Daniel Andrade.
La solicitud de reapertura, presentada por la defensa el pasado viernes 22 de agosto, llega pocos días después de que la Fiscalía presentara su acusación, solicitando 10 años de presidio para los involucrados en esta causa, incluyendo a Andrade.
Entre los argumentos acogidos por el tribunal, se destaca la necesidad de incorporar diligencias menores y nuevos hechos surgidos tras una reformalización ocurrida el 12 de agosto.
Oposición del Ministerio Público
El fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, afirmó que "como Ministerio Público no estábamos de acuerdo, y eso sí puedo decirlo terminantemente, en que se reabriera la investigación".
"A nuestro juicio, se habían realizado todas las diligencias necesarias para que, en definitiva, siguiera el curso del procedimiento", señaló el persecutor, que agregó que ya habían presentado la acusación, y lo que seguía era la audiencia de preparación de juicio oral.
Nuevas diligencias y acusaciones
Durante este nuevo plazo de 45 días, se espera que se realicen diligencias como la revisión de una copia del contrato de la sede de Democracia Viva, otorgado por escritura pública, además de gestiones de carácter tributario y administrativo relacionadas con la causa.
En el marco de esta investigación, además de Daniel Andrade, son imputados Carlos Contreras, Paz Fuica y la desaforada diputada Catalina Pérez.
La defensa de Contreras, representada por Andrés Bustos, valoró la decisión judicial, asegurando que es importante tener "todos los antecedentes que se estimen pertinentes para poder discutir audiencias que son tan relevantes como la de preparación de juicio oral y el eventual juicio oral".
"Por lo tanto, nosotros no tuvimos inconvenientes ni tampoco nos opusimos a esta reapertura", afirmó Bustos.
A los imputados en la arista Democracia Viva se les acusa de tres delitos de fraude al fisco, por un monto total de 426 millones de pesos, provenientes de tres convenios suscritos entre la fundación y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) de Antofagasta.
Esta decisión del Juzgado de Garantía de Antofagasta prolonga la etapa de investigación, buscando asegurar que todas las partes cuenten con los antecedentes necesarios antes de avanzar hacia las etapas finales del proceso judicial.
