No profundizar en los antecedentes y sólo insistir en la idea de que las instituciones tienen que funcionar es el "leitmotiv" del Gobierno.
"Por ningún motivo se va a opacar (la Cuenta Pública)", dijo la vocera (s), Aisén Etcheverry.
"No somos comentaristas de fallos judiciales". Esa es la frase que se ha repetido en el Palacio de La Moneda en medio de la crisis por el caso Procultura.
Los equipos del Gobierno ya han definido una postura inamovible por ahora: no profundizar en los antecedentes y sólo insistir en la idea de que las instituciones tienen que funcionar apegadas a la ley. Esto, a pesar del interés mediático que genera esta trama y lo cerca que está la controversia del Presidente Gabriel Boric.
Desde el oficialismo es otra la mirada que está primando. De hecho, lo que solicitan los partidos de la alianza es que el Gobierno tome acción al respecto, como reactivar la agenda de probidad y transparencia, una fórmula para poder salir de esta crisis.
Esta tarde, la bancada de diputados socialistas se reunió con la ministra de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Macarena Lobos, en La Moneda para solicitarle urgencia legislativa a los proyectos anticorrupción presentados por el grupo parlamentario.
Para la diputada Daniela Cicardini, "nuestro país está pasando por una crisis de transparencia profunda, y no basta solo con lamentarla. Valoro que el Ejecutivo avance con una agenda de probidad, pero esos esfuerzos no han sido suficientes, porque también hay que sacar al pizarrón a quienes efectivamente están disponibles para avanzar en una agenda anti-corrupción, y quienes no lo están".
"Esperamos que el Presidente pueda decir en la Cuenta Pública, fuerte y claro, que no podemos dejar pasar ninguna impunidad con respecto a casos de corrupción", remató la oficialista.
Esta petición también fue un tema en el comité político ampliado celebrado esta mañana en Palacio. Al respecto, la senadora Paulina Vodanovic, presidenta del Partido Socialista, afirmó que "aquí hay un compromiso del Gobierno que propuso estos proyectos, pero que lamentablemente no se les dio tramitación oportuna en el Congreso. Ese compromiso está desde el momento que el Gobierno ingresó a los proyectos y hoy día también con las urgencias que, esperamos, se le puedan dar".
"Creo que es importante que en lo legislativo nos hagamos cargo", señaló la dirigenta.
Su par del PPD, el senador Jaime Quintana, reflexionó que "cada caso de corrupción, además de ser perseguido, deja lecciones para los gobiernos y para la política en general".
"No creo que nuestra intencionalidad en materia de probidad sea una barrera infranqueable. En lo que resta de este Gobierno, debiéramos subir aún más los estándares legales. En ese sentido, esperaríamos anuncios del Presidente en la Cuenta Pública", indicó el timonel.
Al respecto, la vocera subrogante de Gobierno, la ministra Aisén Etcheverry, descartó que el caso ProCultura vaya a eclipsar el discurso del Mandatario ante el Congreso, programada para el próximo 1 de junio.
"Por ningún motivo se va a opacar. La Cuenta Pública es un espacio donde se da cuenta del trabajo de Gobierno, de las instituciones de Gobierno, que son muchas en materia social, en materia económica, en materia de seguridad, que están avaladas por datos", destacó la portavoz.
Sobre el caso ProCultura, Etcheverry respondió que "hemos sido bien enfáticos, y perdón si soy repetitiva, pero la posición del Ejecutivo es una y solo una: las instituciones tienen que hacer su trabajo, lo tienen que hacer bien y nosotros tenemos que respetar siempre la autonomía de los distintos poderes, y es lo que hemos hecho".
La bullada situación fue abordada por el fiscal nacional, Ángel Valencia, quien afirmó que "lo que ocurre es que el fallo más que contundente, contiene un conjunto de afirmaciones graves. Hay afirmaciones de hecho y opiniones jurídicas, y además opiniones que van incluso más allá de lo jurídico".
Según indicó, se dice que "lo que se hacía en dictadura se hace ahora en democracia solapadamente por la fiscalía", una afirmación que es "muy grave y que me parece que, al menos en lo general, son injustas".
"La causa es grave y es compleja, se encuentra dentro del marco de atribuciones de un fiscal nacional cambiar de un fiscal regional a otro. Y dentro de ese ámbito de atribuciones, a mí me corresponde actuar protegiendo la causa, protegiendo la institución y la celeridad de las diligencias que estamos realizando", puntualizó.
