La propia ministra de Defensa comunicó su decisión al persecutor Patricio Cooper, quien está a cargo de la investigación.
La abogada de Fernández, Paula Vial, dijo haberle recomendado guardar silencio "por el momento".
La defensa aseguró que la ministra "está tranquila y, como siempre, dispuesta a colaborar".
La ministra de Defensa, Maya Fernández (PS), se acogió al derecho de guardar silencio al momento de declarar frente a la Fiscalía, en calidad de imputada, por la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende -de la cual es copropietaria- desde el Ministerio de Bienes Nacionales.
La Tercera consignó que pasadas las 15:00 horas de este jueves, la propia secretaria de Estado comunicó su decisión al fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, designado para indagar la frustrada adquisición de la casa del exmandatario, que también pertenece a la senadora socialista Isabel Allende.
Fernández participó en la diligencia vía conferencia, en compañía de su abogada Paula Vial. Cabe recordar que, dado los cargos de las implicadas en la causa, ambas cuentan con la prerrogativa de ser interrogadas en un domicilio que establezcan.
Respecto a la decisión de la ministra, su defensora indicó en un comunicado que "como equipo jurídico aconsejamos a la Sra. Fernández hacer uso de su derecho a guardar silencio por el momento, con la disposición de continuar entregando los antecedentes que requiera el Ministerio Público, en las oportunidades que correspondan".
Vial añadió que la autoridad "está tranquila y, como siempre, dispuesta a colaborar".
La misma abogada representa y acompañará a la senadora Allende mañana viernes, cuando deberá declarar ante el fiscal Cooper, también con la opción de acogerse al derecho de guardar silencio.
La investigación nació a partir de una querella de la Fundación Fuerza Ciudadana -que encabeza el militante del Partido Republicano, Raimundo Palamara- en contra del Presidente Gabriel Boric y "todos quienes resulten responsables" por el presunto delito de fraude al Fisco en el plan de compra.
En paralelo, el jefe de la bancada de diputados del Partido Republicano, Luis Sánchez, anunció esta tarde que, "en línea con lo que habíamos señalado hace algunos días, hemos tomado la decisión de avanzar con la redacción de una acusación constitucional, para que sea la Cámara de Diputados, y posteriormente el Senado, quienes resuelvan la eventual destitución de la ministra".
"Creo que el Presidente de la República debiese entender que no tiene por qué sufrir otro traspié más, otro papelón más en su tan alicaída gestión, y debiese él mismo tomar la decisión de pedirle a la ministra que salga del cargo, porque si no, va a ser evidentemente el Congreso el que lo decida", advirtió el opositor.
Lo anterior, dado que "hemos conversado con representantes de otras bancadas, gente que en el pasado decidió votar en contra de acusaciones constitucionales, y en este caso están dispuestos a votarla a favor, porque entienden que la violación de la Constitución es muy clara, muy evidente, muy contundente, tanto en el caso de la senadora como de la ministra".
Al respecto, el jefe de la bancada socialista, Daniel Melo, fustigó que "no existen fundamentos políticos ni jurídicos para una acusación constitucional contra la ministra Maya Fernández".
"El Partido Republicano tiene una verdadera obsesión con la familia Allende; está más preocupado de dañar al Gobierno y a sus ministros, que de solucionar los problemas reales de la gente, como es el caso de la reforma de pensiones, que se niegan a votar en semana distrital", observó el diputado.
