La Fiscalía Regional de Coquimbo salió a defender la interceptación del teléfono de Josefina Huneeus, expsiquiatra del Presidente Gabriel Boric y exesposa del fundador de ProCultura, Alberto Larraín, pues sospecha que estuvo involucrada en ese caso de convenios y financiamientos irregulares de la política.
El Ministerio Público se pronunció al respecto este jueves, mientras la Corte de Apelaciones de Antofagasta revisa el recurso de amparo presentado por Huneeus, que califica las escuchas realizadas por la PDI como "medidas gravemente intrusivas".
El documento acusa que la interceptación fue ilegal, ya que en ese entonces, la psiquiatra era una testigo de la causa y no una imputada, y que su estatus en la investigación fue cambiado de forma ilícita posteriormente para justificar esta diligencia.
No obstante, el Ministerio Público plantea que, si bien la PDI dio con el teléfono de Huneeus porque el número aparecía vinculado con su exmarido, solicitó a la Justicia mantener las escuchas apuntando que Huneeus conocía los hechos investigados.
El fiscal de Coquimbo Eduardo Yáñez profundizó que los detectives notaron que "doña Josefina Huneeus comienza a relatar diversa información en virtud de esta interceptación, que nos hizo sospechar de su participación en el delito que estamos investigando, motivo por el cual damos cuenta de esta información al Juzgado de Garantía de Antofagasta, que valida la petición y la actualización de interceptación telefónica".
"Conforme a los antecedentes que comienzan a relatarse por parte de Josefina Huneeus, (pasamos a) darle el trato de imputada", recalcó el persecutor.
Defensa: "En Chile no existe la interceptación telefónica de testigos"
Por su parte, Alejandro Awad, abogado de Huneeus, insistió que estas diligencias pasan a llevar la norma, que indica que si la persona cuyo teléfono fue intervenido no es imputada, o si la escucha se realizó sin la debida autorización de un juzgado, la medida debe levantarse.
"Hay una serie de irregularidades. De partida, escuchar a doña Josefina Huneeus en base a una autorización para escuchar a Alberto Larraín. El Código Procesal Penal establece con claridad lo que debe hacerse en este caso: dejar de escuchar", enfatizó el defensor.
Awad puntualizó que "normativamente, la cuestión es muy sencilla, y detrás de la normatividad, hay una parte que no tiene nada de sencilla, que es durísima, que es lo devastador que todo esto ha sido para mi representada. En Chile -y esto es importante que se sepa- no existe la interceptación telefónica de testigos".
La Corte de Antofagasta tiene 24 horas para determinar si al continuar con las escuchas, la Fiscalía respetó el debido proceso, y por ende, si las respectivas transcripciones pueden incorporarse a los antecedentes de esta investigación.
