Luego que la Corte Suprema confirmara su desafuero, la fiscalía regional de Aysén solicitó este lunes al Juzgado de Garantía de Coyhaique fijar una audiencia de formalización contra el diputado Miguel Ángel Calisto, investigado por su presunta participación en el delito de fraude al Fisco.
De acuerdo con la querella del Consejo de Defensa del Estado (CDE), al senador electo se le acusa de un desvío de asignaciones parlamentarias para fines no autorizados entre 2018 y 2022, lo que habría generado un perjuicio superior a los 100 millones de pesos.
Tras la petición del Ministerio Público, el Juzgado de Garantía deberá fijar la fecha de la formalización en Coyhaique. Una vez programada, la audiencia marcará el inicio formal del proceso penal contra Calisto y los otros imputados en el caso.
La decisión de la Fiscalía se produjo luego de que la Corte Suprema rechazara la apelación del diputado exDemócratas para revertir su desafuero. Ante este escenario, el aludido declaró estar tranquilo y subrayó que el Servel ratificó su candidatura al Senado por la Federación Regionalista Verde Social.
El fiscal regional de Aysén, Hernán Libedinsky, dijo que "esto en el marco de la investigación que se sigue por unas supuestas asesorías parlamentarias que se habrían prestado, lo que a juicio de la Fiscalía no habría ocurrido, correspondiéndole a los imputados la calidad de autores. En este caso el perjucio fiscal habría ascendido a una suma aproximada a los 103 millones de pesos".
César Ramos, abogado de Calisto, planteó que "es ahora el momento en que con una investigación que se va a formalizar con hechos precisos y concretos, que se acusan o se imputan al diputado Miguel Ángel Calisto, nosotros podemos aportar todos nuestros antecedentes y pedir todas las diligencias que sean necesarias para refutar categóricamente los hechos que se imputan".
Esta resolución coloca a Calisto en la lista de parlamentarios desaforados en los últimos años, junto a Mauricio Ojeda, Francisco Pulgar y Catalina Pérez, mostrando el efecto político de las decisiones judiciales sobre la representación parlamentaria.
La situación en el Congreso
En el marco de este bullado caso, un oficio del Poder Judicial llegó a la Cámara de Diputadas y Diputados, comunicando la efectividad dl desafuero desde hoy, lo que implica que Calisto no podrá participar en las sesiones de sala ni de comisión, y tampoco tendrá derecho a voto.
La situación de Calisto genera complicaciones en el Congreso, debido a la falta de claridad sobre la evolución futura de su caso y la imposibilidad de un reemplazo en su escaño ganado en la última elección.
El expresidente del Tricel, Patricio Valdés, cree que "se le suspende el derecho a sufragio, pero a mi juicio tiene que más que estar acusado, tiene que estar condenado por un delito que merezca pena aflictiva. Si está acusado está suspendido del cargo, pero para cesar en el cargo de senador tendría que estar con una sentencia firme".
"En este caso hay una complicación, porque si desaparece el partido que lo llevó y es condenado a pena aflictiva y pierde el cargo, no va a poder ser reemplazado", añadió.
Esta particularidad legal significa que, si el senador electo fuese condenado a una pena aflictiva, que le impidiese seguir ocupando cargos públicos en un periodo determinado, el Senado funcionaría con 49 legisladores, es decir, con un miembro menos.
