El Ministerio Público acusa a Carlos Palma de filtrar información reservada sobre un decomiso de cocaína y una grabación telefónica al abogado.
Tribunal fijó en 120 días el plazo de investigación.
El Juzgado de Garantía de Coyhaique dejó este viernes sujeto a la medida cautelar de arraigo nacional al suspendido fiscal regional de Aysén Carlos Palma, imputado por el Ministerio Público como autor del delito de revelación de secretos.
En la audiencia de formalización, el magistrado Carlos Astudillo acogió la medida cautelar solicitada por el Ministerio Público y la querellante Consejo de Defensa del Estado (CDE) por considerarla proporcional y apropiada a los fines del procedimiento.
Además, el juez fijó en 120 días el plazo de investigación.
Según el ente persecutor, el 20 de octubre de 2022, el entonces fiscal regional tomó conocimiento que se realizaba, de forma telemática, una audiencia de control de detención ante el Juzgado de Garantía de Coyhaique, por delitos contemplados en la Ley N°20.000, que sanciona el tráfico ilícito de drogas.
Pese a no intervenir en dicha audiencia, el imputado presuntamente difundió y divulgó información reservada de la investigación -relativa al decomiso de más de 19 kilos de cocaína- a un tercero ajeno al procedimiento: el abogado Luis Hermosilla, mediante la aplicación de mensajería WhatsApp.
Asimismo, Palma supuestamente remitió al letrado una grabación telefónica obtenida con autorización judicial, evidencia que aún no había sido presentada en audiencia, y advirtiéndole el carácter reservado del material que le compartía.
Para el Ministerio Público, estos hechos son constitutivos del delito de revelación de secretos, previsto en el artículo 38 de la Ley N°20.000, atribuyendo al imputado la calidad de autor, conforme al artículo 15 N°1 del Código Penal, de un delito en grado de consumado.
El abogado Cristián Cajas, de la Defensoría Penal Pública de Aysén, sostuvo la inocencia de Palma, argumentando que la investigación por tráfico de drogas "se desarrolló con total normalidad".
"Todos los imputados (de la causa) quedaron sujetos a prisión preventiva y finalmente condenados, de manera de que no hubo ninguna afectación a la administración de justicia y la conducta de nuestro representado no tuvo ningún alcance, ninguna injerencia en perjuicio de esa investigación", dijo el jurista.
Sin embargo, la Fiscalía mantiene una postura diametralmente opuesta. Al ser consultada sobre el argumento de la defensa respecto a la no afectación del caso, la persecutora regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittberg, señaló que "sí está configurado el delito".
"La Corte de Apelaciones de Coyhaique y luego la Corte Suprema también ratificaron nuestra postura, en orden de que hay antecedentes suficientes a estas alturas para estimar la existencia de un delito como el contemplado en el artículo 38 de la ley de drogas: la filtración de algún tipo de antecedente de la investigación", puntualizó la fiscal.
