En el marco de los alegatos de apertura del juicio contra el exdirector de la PDI Héctor Espinosa, el Ministerio Público abordó el papel que el suboficial Eduardo Villablanca, exayudante del imputado, jugó en la presunta malversación de cerca de 146 millones de pesos de gastos reservados.
La Fiscalía Metropolitana Oriente relevó este martes que el funcionario solía figurar como acusado en esta causa, por tener un rol central en el esquema investigado, pero falleció durante el proceso judicial, que partió en 2021.
El persecutor del caso, Miguel Ángel Orellana, describió el método de apropiación de fondos destinados a la PDI relatando un episodio puntual: "Espinosa le da la instrucción a Villablanca de que vaya al banco a cobrar un cheque por 30 millones. Villablanca se los trae en efectivo a una oficina y se los pasa por mano. Se va a su oficina, y momentos después, Espinosa va y le dice: 'Villablanca, ayudante, anda a depositarme estos 3 millones a mi cuenta, y 2 millones a la de mi mujer'", María Magdalena Neira.
"El nivel de destrucción de los límites de lo profesional, y de las normas propias de la probidad administrativa al que acabo de hacer referencia, en definitiva, hace comprender la lógica de Villablanca obedeciendo este tipo de comportamientos", puntualizó el fiscal.
Orellana aseguró que la lealtad del suboficial hacia Espinosa, quien arriesga 20 años de cárcel por esta causa, "sobrepasaba todo límite".
Tanto el exdirector de la PDI como su esposa declararán ante el tribunal por primera vez mañana miércoles.
Defensa especula sobre origen distinto de los dineros
A su turno, la defensa observó que la tesis de la Fiscalía apunta a dos posibles orígenes de este dinero, ignorando uno "crucial": el patrimonio que los acusados acumularon a lo largo de su matrimonio, a través de la compraventa de tres inmuebles en la Región del Biobío; una herencia obtenida por Neira; y acciones de Espinosa en Endesa, además de sus ahorros conjuntos.
Para el abogado Marcelo Torres, lo presentado por el Ministerio Público es un "relato sesgado que ignora la realidad, donde se escogen algunos elementos de la misma para forjar un relato que no es verdadero, porque focaliza en sólo dos hipótesis la solución: o son remuneraciones, o son caudales públicos. ¿Y el patrimonio?".
Terminada esta segunda jornada del juicio, el fiscal Orellana refutó esta teoría, subrayando que el proceso "no es sobre patrimonio, sino que sobre operaciones en dinero en efectivo en cuentas corrientes" de ambos imputados.
"Durante el desarrollo del juicio, la defensa no va a acreditar el origen (distinto) de ninguno de esos fondos, salvo lo que la prueba de la Fiscalía va a tener, que es que coinciden exactamente con la fecha en que estos gastos reservados fueron cobrados", garantizó el persecutor.
Con todo, "hay una convicción por parte de la Fiscalía de que el origen de los fondos corresponde a gastos reservados, de que hubo malversación de caudales públicos, y el que los acusados tengan patrimonio que no fue liquidado en los mismos momentos (del presunto delito) no tiene ninguna relevancia probatoria", zanjó.
