Tras el rechazo unánime de la Corte de Santiago a su desafuero, el gobernador acusó a la unidad persecutora de "inventar pruebas y conceptos jurídicos".
Fustigó que se concentrara en perseguirlo a él en lugar de indagar "qué pasó con los 1.000 millones de pesos de que se apropió indebidamente ProCultura".
Tras el contundente fallo unánime de la Corte de Apelaciones de Santiago que rechazó la solicitud de desafuero en su contra por 24 votos a cero, el gobernador regional metropolitano, Claudio Orrego (independiente), anunció este jueves, en El Diario de Cooperativa, que solicitó al fiscal nacional, Ángel Valencia, una investigación administrativa sobre el proceder de la Fiscalía Regional de Antofagasta.
La autoridad capitalina calificó la indagatoria liderada por dicho organismo en el marco del caso ProCultura como un "montaje" fundado en pruebas inventadas y errores inexcusables.
Consultado si va a presentar alguna acción o denuncia concreta contra la Fiscalía de Antofagasta, entidad a la que acusó de acumular "seis fracasos absolutos" en esta causa, explicó que está esperando, primero, "que entregue la Corte de Apelaciones de Santiago el fallo completo, para poder leerlo con todos sus antecedentes".
El gobernador detalló que "lo que le hemos pedido al fiscal nacional es que haga una investigación de cómo pudo ser posible que después de dos años de investigación se terminara formulando un caso falso en contra de una persona inocente y no se haya perseguido lo que nosotros como querellantes en esta causa pedimos: que se investigara qué pasó con los 1.000 millones de pesos de que se apropió indebidamente ProCultura".
Según el ex militante de la Democracia Cristiana, "ese debió haber sido el foco y no inventar este fraude que no solamente no existió, sino que además ha ido acompañado de dos años de campaña de filtraciones para destruir la imagen mía y, por supuesto, predisponer al sistema judicial en nuestra contra, cosa que al final no le resultó a la Fiscalía".
A renglón seguido, Orrego lamentó que el fiscal regional de Antofagasta no se presentara a los alegatos, calificando la situación como el reflejo de una "Fiscalía quebrada".
"Tengo un profundo respeto por el Ministerio Público —afirmó el gobernador—. Me ha tocado trabajar con las cuatro fiscalías de la Región Metropolitana y tengo la mejor opinión de sus fiscales. O sea, este no es un juicio al Ministerio Público. Aquí hay una Fiscalía en particular que no solamente montó un caso falso; inventó pruebas, presentó pruebas erróneas, inventó conceptos jurídicos".
Respecto al programa de prevención del suicidio "Quédate", objeto de la controversia, el gobernador defendió su validez y ejecución, denunciando que "todo lo que dijo la Fiscalía es falso".
"Se inventó que el programa no existió, cuando atendió a más de 15.000 personas y trabajó con hospitales públicos", explicó.
Asimismo, recordó que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) desestimó querellarse en su contra, enfocando sus acciones legales únicamente contra ProCultura.
Además, Orrego denunció que, durante los dos años que duró la indagatoria, existió un "uso malicioso de la información" mediante filtraciones sistemáticas a la prensa.
"Se filtró todo. Cada uno de los reportajes que uno veía en televisión era producto de las filtraciones de cosas que solo contaban en la carpeta investigativa, y eso habla no solamente de un mal trabajo por parte de la Fiscalía de Antofagasta investigativo, sino que también un uso malicioso de la información que se trascendía a ciertos medios para efectos de predisponer a la judicatura en nuestra contra", acusó.
Sobre los fondos públicos en disputa, Orrego aseguró que el patrimonio regional está resguardado gracias a pólizas de seguro por el 100% de los recursos, las cuales se encuentran en proceso de cobro judicial tras la negativa de la aseguradora Asper.
"Consejeros han señalado que hemos sido desprolijos y no hemos cuidado los recursos públicos. Pues bien, hemos anunciado que en los próximos días vamos a recuperar el 100% de los recursos comprometidos en este caso porque, a diferencia de lo que han hecho otros o lo que exigía la ley, nosotros sí exigimos pólizas por el 100%. Y así hay muchas otras imputaciones que me hacen estos consejeros que vamos a ir despejando una por una", anticipó el gobernador.
"Judicializar la política o instrumentalizar a la justicia con fines políticos no es un buen camino para nuestra democracia. Lo que he vivido no se lo deseo a nadie", sentenció.
