La PDI concurrió este martes hasta el Congreso Nacional para realizar un allanamiento a la oficina del diputado Joaquin Lavín León (UDI), diligencia que fue autorizada por el Noveno Juzgado de Garantía, en el marco de una investigación por la presunta emisión de boletas ideológicamente falsas durante la administración de su esposa, la exalcaldesa Cathy Barriga, en Maipú.
El procedimiento -realizado por la Brigada de Delitos Económicos de la PDI- fue encargado por la persecutora Constanza Encina, de la Fiscalía Oriente, hecho que ha remecido a los parlamentarios gremialistas, quienes no estaban enterados de su realización.
La fiscal informó que se trata de una diligencia simultánea realizada en el Congreso, correspondiente a la sede distrital de Joaquín Lavín León, así como también en su domicilio particular, donde el parlamentario prestó colaboración para realizar la diligencia.
Detalló que el procedimiento surgió a raíz de la indagatoria por fraude al fisco y falsificación en la Municipalidad de Maipú durante la gestión de su esposa, de la cual se desprendió otra arista en que el diputado es el único imputado. No obstante, la persecutora evitó adelantar decisiones procesales.
En ese sentido, la secretaria del diputado Lavín también debió prestar declaraciones ante los detectives.
REACCIONES DESDE CHILE VAMOS
El presidente de la UDI, diputado Guillermo Ramírez (UDI), anunció que pedirá formalmente a la Fiscalía que actúe con toda la celeridad posible en la mencionada indagatoria.
"No están los tiempos para ningún tipo de defensa corporativa. Si es que aquí hay algún tipo de irregularidad, dependiendo de la gravedad del asunto, la UDI va a tomar medidas. Puede ser pedir la suspensión de la militancia o la expulsión. Lo que no vamos a hacer es esconder la cabeza bajo la tierra", dijo el timonel gremialista.
En tanto, el jefe de bancada de la UDI, diputado Gustavo Benavente, manifestó que "solamente sé el hecho que están allanando, me acabo de enterar. Es una medida ordenada seguramente por un tribunal, y habrá que ver de qué causa se trata".
"Evidentemente esto no es lo ideal, pero no nos anticipemos todavía. Es un hecho que está ocurriendo, pero hay que ver el antecedente de por qué a lo mejor ocurren los hechos. Sin duda que es grave, el allanamiento es una medida grave que ha optado por un tribunal, y me imagino que los tribunales adoptan medidas no porque se le ocurre, sino que hay una razón poderosa para ello", agregó el legislador gremialista.
Por su parte, la diputada Ximena Ossandón, jefa de bancada de Renovación Nacional (RN), manifestó que "la transparencia tiene que ser el estándar mínimo que hoy la ciudadanía nos exige. Y caiga quien caiga, repito la frase de Evelyn Matthei (UDI), independiente que sea de mi sector, o del sector adversario".
En paralelo, el diputado Francisco Undurraga (Evópoli) sostuvo que "si una fiscal requiere de la visita a alguna de las oficinas nuestras es correcto que lo haga. Si es lo que procede no hay ningún problema, no debiese ser motivo de noticia".
CÁMARA DISPUSO SU COLABORACIÓN
La presidenta de la Cámara de Diputados, Karol Cariola (PC), informó que "nosotros recibimos el llamado del fiscal nacional, (Ángel Valencia). Ellos tienen el marco legal y las atribuciones para llevar adelante las diligencias de este tipo".
"Frente a eso, nos pidieron la colaboración para ingresar al edificio, y nosotros nos pusimos a disposición inmediata, porque esto se iba a realizar en las horas siguientes", agregó.
Segundos antes de la declaración de Cariola, el vicepresidente de la Cámara, Eric Aedo (DC), señalaba que "la única información hasta acá que es una investigación en relación a un caso de criptomonedas, y hemos sido informados de esta situación recién hoy en la mañana (...) criptomonedas y boletas".
Por su parte, el secretario general de la Cámara, Miguel Landeros, sostuvo que "dimos las facilidades del caso para que se haga la intervención, lo que no significa que se sacó ningún tipo de bien de este inmueble, sino que se hizo un registro de una diligencia específica".
Según recordó Miguel Landeros, en 2018 también se realizó una diligencia de similares características en la oficina del entonces diputado Maximiliano Errazuriz, investigado por el mal uso de asignaciones parlamentarias en el arriendo de oficinas.
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