El Consejo de Defensa del Estado y la Fiscalía -entre otros intervinientes- no están de acuerdo con la medida de arresto domiciliario parcial del jefe comunal, imputado de cohecho.
La apelación también se dirige al expresidente de la empresa Eduardo Hartwick y el exconcejal socialista Eduardo Araya, al que no se le aplicó ninguna sanción.
La Sexta Sala de la Corte de Apelaciones de Concepción comenzó este jueves la revisión de los recursos de apelación que interpusieron seis intervinientes a las medidas cautelares impuestas por el Juzgado de Garantía de Coronel a tres de los imputados -entre ellos, el alcalde Boris Chamorro (PS)- en el presunto caso de corrupción denominado Puerto Coronel.
Al jefe comunal se le acusa de 21 delitos de cohecho por la supuesta recepción, de manera "constante y mensual", de montos que suman un total de 82 millones de pesos desde la empresa mencionada.
Sin embargo, ni él ni los demás imputados -que fueron sometidos a seis jornadas de formalización- quedaron en prisión preventiva, sino -en su mayoría- con arresto domiciliario parcial y total.
Por ello, tanto el Consejo de Defensa del Estado (CDE) como la Fiscalía apelaron a la resolución del tribunal y pidieron la máxima cautelar para Chamorro, el expresidente del directorio de la empresa Eduardo Hartwick y el exconcejal socialista Eduardo Araya.
Georgy Schubert, procurador fiscal del CDE, relató que "Víctor Olivares, este contratista que he señalado, se ponía de acuerdo por WhatsApp, todos estos registros existen e iba a visitarlo a su casa o al municipio, el alcalde le decía 'espéreme con un cafecito' a la secretaria y don Víctor Olivares, prácticamente todos los meses, en las mismas fechas, le entregaba una cantidad de dinero, tres millones en efectivo y finalmente cuatro millones en efectivo y se sumaron 21 pagos en total registrados al alcalde Boris Chamorro".
El abogado de Hartwick, Alejandro Espinoza, detalló que "mi representado ha reconocido, en dos declaraciones al Ministerio Público, que efectivamente frente a una solicitud del alcalde para ayudas sociales aceptó que se le entregaran unas sumas de dinero a dicha autoridad edilicia".
"Estos pagos se tratan de sobornos por el cargo, no hay acá una contraprestación ni del alcalde Chamorro o del concejal, como ocurre en la otra formalización, a favor de Puerto Coronel o de mi representado", añadió.
La audiencia de hoy partió con las defensas reclamando inadmisibilidad de las apelaciones del Servicio de Impuestos Internos (SII) y el Ministerio Público. Reclamaron, por ejemplo, que faltaba una "S" en una de las acciones y aseguraron que no entendían que la petición era para todos los imputados y no para uno en particular.
Al respecto, José Manuel Corbalán, abogado del SII, dijo que pidió a la corte "que se tenga a bien desestimar estas incidencias (de las defensas), porque creemos que nuestra apelación está bien planteada".
"Cuando se señala que puede haber más de un delito y que nosotros no somos parte de los otros delitos, eso es precisamente el objeto del alegato. Hay delitos que puede ser a su vez un delito tributario y a su vez parte de otro delito", señaló el legista.
Por su parte, la fiscal Glenda Lagos, a cargo del caso, indicó que "la solicitud se refiere a todos los imputados. Están todos mencionados y está fundado el recurso respecto de cada uno de ellos" y "se trata nada más que la falta de una S, pero que claramente se está refiriendo a la petición a todos los anteriores".
