La causa tiene que ver con una "falta de servicios" después del 18 de octubre de 2019.
Unos $420 millones responden al concepto de lucro cesante y otros $55 millones por daño moral en favor de Claudio Siri, Carlos Siri y Paula Andrade.
El Vigésimo Cuarto Juzgado Civil de Santiago determinó que el Estado de Chile deberá pagar un total de $475.632.333 a los dueños de la exFuente Alemana, tras ser demandado por "falta de servicios" tras el estallido del 2019.
Según informó Emol, se determinó que unos $420.632.333 son por concepto de lucro cesante, sumado a pagos por daños moral en favor de Claudio Siri Iglesias ($15 millones), Carlos Siri Scolari ($30 millones) y su esposa Paula Andrade Ifchenko ($10 millones), lo que sumado da un total de $475.632.333.
El fallo señala que "solo puede tenerse acreditado, el daño moral padecido por don Carlos y don Claudio Siri, y por dona Paula Andrade, quien ha tenido un mayor daño acreditado y quien se ha visto expuesto, con mayor frecuencia y fuerza, a las agresiones de los violentistas, cuyas consecuencias diagnosticadas y requerimiento de tratamiento, ha sido claramente informado en el informe pericial acompañado al proceso, ya analizado posteriormente".
Los demandantes sustentaron la acción, que en un inicio era de casi $1.200 millones, en que después del 18 de octubre de 2019 ocurrieron actos de protesta y "otros de violencia sin sentido, que incluyen incendios a servicios, saqueos a comercio, ataques a edificios públicos y privados, por mencionar algunos, siendo el epicentro en Santiago, Plaza Baquedano, a cuyos escasos metros se ubica la Antigua Fuente, lugar donde por más de 50 años desarrollan su actividad gastronómica los demandantes o sus antecesores".
"El estado de convulsión política y social generalizado llevó a las autoridades a decretar estado de excepción constitucional de emergencia, primero en la Región Metropolitana y luego en prácticamente todo el territorio nacional", planteó.
Sin embargo, relatan que "una vez cesado el estado de excepción y normalizado el desarrollo de actividades en todo Chile, el sector de Plaza Baquedano quedó en un estado permanente y constante de violencia, en donde el Estado de Chile sencillamente bajó los brazos, dejando a su suerte a sus habitantes y locatarios por un tiempo superior a dos años y contando, ambiente de violencia que solo se vio matizado por los cuarentenas y restricciones decretadas a causa de la pandemia de Covid-19".
