El abogado Alberto Precht, experto en transparencia, reflexionó las filtraciones de causas reservadas del Ministerio Público, en medio del debate sobre el acceso y manejo de la información sensible en investigaciones penales.
Esto, tras conocerse que el fiscal del Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos (Sacfi) de la Región de Valparaíso, Maximiliano Krause, entregó su clave de acceso para consultar investigaciones de la Fiscalía a un funcionario de la Armada.
"Obviamente, las filtraciones siempre son interesadas y pueden efectivamente pervertir y pueden desviar el curso de una investigación. Esto no significa que los periodistas de investigación no tengan que seguir haciendo su trabajo, es muy importante", dijo Precht.
El exdirector ejecutivo de Chile Transparente señaló que "sin algunas filtraciones, claramente, habría casos que hoy día no se estarían investigando", pero advirtió que "cuando todo se filtra y no existe, además, un chequeo desde el punto de vista de la prensa de qué publicar, qué no publicar, y todo se publica, se termina haciendo un daño mayor a la democracia y al sistema judicial".
"Limitar sería contraproducente"
El abogado penalista y exfiscal Claudio Uribe hizo hincapié en que las filtraciones se dan no solamente por parte del Ministerio Público, sino también de los intervinientes de las causas, como abogados defensores y querellantes.
Afirmó también que el ente persecutor ya tiene medidas para rastrear a funcionarios que acceden a las causas, pero indicó que tampoco se puede limitar el acceso a la información para las partes de cada causa, ya que sería contraproducente.
"Ya se ha hecho un trabajo importante en lo que dice relación con la trazabilidad de la información; es decir, que, fundamentalmente, las bases de datos a las que se puede acceder como fiscal o como funcionario de la Fiscalía, están dotadas de herramientas técnicas que permiten saber quién da el acceso a la persona que ingresó, cuando ingresó, en qué fecha, con qué cuenta. Yo creo que eso es lo que se puede aportar", planteó Uribe.
"Me parece también que limitar o compartimentar más la información podría ser, incluso, contraproducente para el adecuado ejercicio de la labor que desarrolla la Fiscalía. Si bien la Fiscalía debe custodiar la información que tiene a disposición, su objetivo final es hacer persecución penal. No hay que perderse en eso", enfatizó.
Desde la Asociación Nacional de Fiscales aclararon que el fiscal Krause dejó la asociación hace varios meses.
Fiscal nacional detalló medidas preventivas al Gobierno
El fiscal nacional, Ángel Valencia, envió un oficio de seis planas al ministro de Justicia, Jaime Gajardo, detallando las medidas que han tomado en contra de las filtraciones de información de causas de carácter reservado, y propuestas para combatir esta situación en adelante.
En primer lugar, el documento indica que el ente persecutor emitió un instructivo general a los funcionarios y funcionarias, que establece un protocolo para poder revisar las carpetas: para acceder a los documentos, se deberá solicitar mediante un correo con su respectiva justificación, y de ser aprobado, se dará una fecha y hora para hacerlo.
En el caso de intervinientes ajenos al Ministerio Público, para recibir copias deberán hacerlo mediante una solicitud previa, y el representante titular deberá retirarlas con su cédula de identidad. Si no llega en la fecha estipulada, deberá ingresar un nuevo requerimiento.
La Fiscalía también indica que se han adoptado medidas de carácter técnico, que permiten rastrear y conformar un registro de toda persona que acceda, comparta, imprima o edite algún documento que pertenezca a una investigación.
Asimismo, se modificó la política de complejidad y caducidad de las claves para el sistema interno, y se incorporará un sistema de doble autenticación para el ingreso, similar a lo que usan los bancos -por ejemplo- cuando usuarios buscan realizar una transferencia.
Tomando como ejemplo la experiencia de otros países, el fiscal nacional además refirió las tres medidas que se pueden tomar para resguardar la información en el proceso de compartirla con los intervinientes en una causa penal.
Primero, explorar la posibilidad de fortalecer la confidencialidad de información sensible, como la que tiene que ver con seguridad pública, la identidad de las personas, la protección de la investigación, etcétera; segundo, establecer criterios claros de qué información se le puede compartir a las partes, y revisar las reglas sobre la legitimación activa para querellarse, y por último, reforzar la tipificación penal de la vulneración del secreto de la investigación.